Por un error de procedimiento en un operativo, una jueza federal está a punto de liberar a dos individuos detenidos por la fabricación de drones equipados con material explosivo, los cuales fueron comisionados por uno de los principales grupos de tráfico de drogas del país.
Diego Jiménez López y Rogelio Luna Villa fueron detenidos en julio de 2021, acusados de haber integrado bombas con explosivos plásticos C4 en los dispositivos de control remoto, los cuales habrían sido adquiridos por el Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo líder –Antonio Yepes, ‘El Marro’– pretendía usar para atacar la Fiscalía General de Guanajuato.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ya había iniciado una indagatoria en 2020, la cual los llevó a un domicilio en San Andrés Cholula (Puebla), en el que ambos jóvenes fabricaban los ‘drones explosivos’, algunos de los cuales fueron usados en ataques del grupo ya mencionado.
En abril de 2021, dos hombres fueron detenidos por fabricar drones explosivos para cárteles; estarían a punto de salir libres porque juez acusa cateo ilegal https://t.co/iREXjm5cPL
— REFORMA (@Reforma) July 27, 2022
Uno de los agentes ministeriales acudió a dicha propiedad y habló con el propietario -tío de Diego- quien le permitió ingresar al inmueble, en donde no solo encontró los drones y el material explosivo, sino también armas de uso exclusivo del Ejército y cartuchos de municiones.
El problema es que se presentó en el lugar sin una orden judicial de por medio. Al día siguiente -ya con el documento en mano- se realizó un cateo en el que todo ese material fue asegurado por las autoridades; motivo por el que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó condenas de 30 y 22 años de prisión, respectivamente
Sin embargo, la jueza Marcela Elizabeth García Cante determinó que el primer operativo fue realizado de manera ilegal y considera al segundo como una ‘simulación’, por lo que desechó once de las trece pruebas presentadas por la FGR. Ahora, Jiménez es el único que enfrenta cargos, pero solo por posesión de armas en otro domicilio.
La situación se agrava debido a que Diego y Rogelio no eran los únicos señalados por este caso, ya que otras cinco personas se encuentran actualmente bajo proceso como consecuencia de la misma investigación, acusadas de ser los intermediarios que vendieron los drones a ‘El Marro’ y sus hombres.
Con información de Zócalo.
Imagen: Municipios Puebla
