El grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados pedirá a la Comisión de Trasparencia y Anticorrupción citar a reunión de trabajo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, con motivo del proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Así lo anticipó en redes sociales el coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier Velazco, quien intenta apresurar el desafuero con el apoyo de Santiago Nieto quien, de asistir a dicha reunión, explicaría el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en contra del mandatario local.
Ante la trascendencia que ha cobrado el desafuero solicitado por la @FGRMexico en contra del gobernador de Tamaulipas, solicitaré respetuosamente a la Comisión de Transparencia de la @Mx_Diputados que convoque a reunión de trabajo al titular de la UIF @SNietoCastillo.
— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 4, 2021
La semana pasada, la FGR ratificó la solicitud de desafuero contra García Cabeza de Vaca. Esta se encuentra en su etapa de presentación de pruebas, por lo que la fiscalía y el imputado tendrán que entregarlas a las autoridades correspondientes para luego entrar en el desahogo. Los legisladores tendrán 60 días para dictaminar.
MORENA presenta reforma para que estados no intervengan en desafuero de gobernadores
La diputada Reyna Celeste Ascencio presentó en San Lázaro una reforma constitucional para reformar el artículo 111 de la Carta Magna para que los Congresos locales ya no tengan que decidir, en última instancia, el desafuero de los gobernadores.
La legisladora morenista detalló que la reforma busca suprimir la parte en la que se faculta a los Congresos locales para que la declaración de procedencia contra gobernadores, diputados locales y magistrados se les comunique, y en el ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
“En Morena buscamos que no haya fueros ni beneficios indebidos en favor de nadie, queremos desenquistar a la vieja clase política que ha diseñado las normas para garantizar la impunidad ante la corrupción que ha cometido, es por ello que se propone modificar el artículo 111 constitucional a fin de que los delitos federales cometidos por un servidor público local sean efectivamente investigados y en su caso procesados judicialmente” [sic].
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