Foto: evwind.com
La comunidad zapoteca de Juchitán, Oaxaca, tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cancelar un proyecto de energía eólica, ya que la Secretaría de Energía (Sener) tomó la decisión de concesionar ese espacio a un particular sin consultar a la población local al respecto.
De acuerdo con los promotores de esta demanda –representantes indígenas y activistas-, la Sener no solo otorgó las licencias a la empresa española Eólica del Sur antes de consultar a los pobladores; sino que además amañó el plebiscito trayendo acarreados que no vivían ahí y votaron a favor del proyecto.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en vigor en México desde 1991, prevé que los proyectos realizados en territorios indígenas deben ser consultados en primer lugar con los habitantes originarios; sin embargo esto no se ha cumplido históricamente en nuestro país.
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Según los demandantes, las empresas interesadas trajeron personas de otras comunidades el día de la consulta, a quienes pagaron cantidades que rondan entre los 100 y los 500 pesos para votar a favor del proyecto. Además, mediante sobornos también consiguen que los líderes políticos y ejidales de las regiones afectadas promocionen el voto para sus proyectos.
Por ello es que decidieron llevar su caso ante la SCJN, a quienes solicitaron que se respete la voluntad de las comunidades. Sin embargo, ya suena el rumor de que el proyecto elaborado por el ministro José Ramón Cossío favorecerá a la empresa y avalará que la consulta haya sido irregular y fuera de tiempo.
Con información de Sin Embargo.
