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En una controvertida decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió avalar la polémica Ley de Seguridad Interior presentada y aprobada por el PRI en diciembre del año pasado. Sin embargo, tendrá que pasar por un proceso de reconstrucción mayor, pues la Corte encontró catorce puntos que deben ser sustituidos.
Dentro de estos cambios se encuentra la eliminación total de siete artículos del proyecto original, debido a que son anticonstitucionales. Entre los puntos a desechar se encuentran el artículo 8, que pretendía considerar las manifestaciones como amenazas de seguridad interior si las autoridades lo entienden así.
También se eliminará el artículo 9, que buscaba que toda la información que se genere al aplicar esta ley sea clasificada; así como el 18, que proponía que las acciones derivadas de la aplicación de esta ley se considere como materia de seguridad pública, evitando así a los órganos de transparencia y fiscalización.
Proyecto de sentencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en las acciones de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018, en las que se impugna la Ley de Seguridad Interior: https://t.co/Dcl9sna5tz pic.twitter.com/ogodf59vnQ
— Suprema Corte (@SCJN) October 31, 2018
Otro de los artículos más criticados que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo determinó eliminar es el 6, que permite que las Fuerzas Armadas actúen por iniciativa propia; así como el 15 y el 16, que otorgan al Presidente de la República la facultad de prolongar una declaratoria y ordenar que el Ejército actúe sin que exista una solicitud previa.
El magistrado también ordenó modificar lo referente al ‘Uso legítimo de la fuerza’, contenido en el artículo 4, debido a que no existe una definición estándar entre los distintos cuerpos de seguridad del país; por lo que la actuación de las Fuerzas Armadas debe atenerse a los parámetros establecidos por las convenciones internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, diversas asociaciones civiles, activistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e incluso dependencias federales como el INAI, manifestaron que la Ley tendría que ser desechada en su totalidad; cosa que el ministro Pardo rechazó dado que la Seguridad Interior es -en su interpretación- una variante de la Seguridad Nacional.
Con información de Animal Político.
