La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atentar contra los derechos de cerca de 50 mil trabajadores del Estado si invalida las reformas a la reestructuración de deudas inmobiliarias en la Ley del ISSSTE, alertó la Consejería Jurídica de Presidencia.
A través de un comunicado, la oficina jurídica del Poder Ejecutivo exhortó a los ministros del máximo tribunal del país a ponderar el daño que su determinación podría causar a miles de familias que dependen de los programas derivados de dichas modificaciones para poder terminar de pagar sus viviendas.
Uno de ellos es el llamado 60/30, destinado a trabajadores estatales mayores de 60 años y que tengan más de 30 años pagando un crédito hipotecario o ya hayan cubierto el equivalente al doble del monto original, el cual cuenta con un presupuesto de mil 700 millones de pesos y que ya benefició a 16 mil personas.
Otra iniciativa en favor de los empleados gubernamentales es la reestructuración de deudas adquiridas en Unidades de Medida y Actualización (UMA) para pasarlas a pesos. El alcance estimado de esta medida es de hasta 23 mil trabajadores beneficiados.
Presidencia también rechazó los argumentos esgrimidos por un grupo minoritario del Senado -el del PAN- para solicitar la invalidez de la ley, pues estos últimos argumentan que no tuvieron tiempo para analizar la iniciativa cuando en realidad sabotearon la discusión legislativa y ni siquiera se presentaron a la sesión.
Por ello, exhortaron a los integrantes de la SCJN a desechar la controversia promovida por un grupo que carece de legitimidad e insistió en que los ministros reflexionen sobre las consecuencias que su voto tendría para miles de mexicanos.
Con información de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
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