Uno de los grandes problemas para la transparencia en el gasto público federal es la asignación de recursos por adjudicación directa. Si bien se trata de una figura que está contemplada en la legislación vigente, se ha convertido en una manera de manejar con opacidad el presupuesto en rubros como la publicidad oficial.
De acuerdo con el informe más reciente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), durante la actual administración el 80 por ciento de los contratos otorgados se han dado por esta vía. Sin embargo, el documento también señala que, en total, el 57 por ciento del presupuesto erogado se hace a través de las licitaciones por concurso.
Pese a ello, uno de los rubros en donde aún domina la entrega directa de convenios con particulares es el de Comunicación Social, un sector que ya ha causado polémica en el pasado por la forma en la que –como en el caso de Enrique Peña Nieto- se ha llegado al punto de sobrepasar, por mucho, el presupuesto asignado.
Según este reporte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha otorgado -de manera directa- mil 212.6 millones de pesos a medios de comunicación a cambio de publicidad oficial en lo que va del año en curso, poco más de la mitad de lo ejercido durante todo el 2020 (2 mil 248.4 millones de pesos).
Ya salió nuestro reporte periódico en @MXvsCORRUPCION de cómo van las contrataciones de la 4T.
Así se ven los principales beneficiarios de la publicidad oficial del gobierno y quién paga.
Las 7 empresas con más $$$ han recibido el 100% de sus contratos por adjudicación directa. pic.twitter.com/7577YlcyY1
— Leonardo Núñez González (@leonugo) October 5, 2021
Esto representa un cambio total de paradigma con respecto a la administración Peña Nieto, en la que los sobreejercicios de presupuesto en cantidades alarmantes fueron la constante. En 2018, el gobierno priista llegó a gastar hasta 6 mil 373 millones de pesos, pese a solo contar con mil 160 millones aprobados para ese ramo, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En 2015, tercer año del sexenio peñista, el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR detectó que el gasto en Comunicación Social fue de hasta 9 mil 619 millones de pesos. De acuerdo con la misma fuente, el gasto acumulado durante la primera mitad de ese periodo fue superior a los 24 mil millones de pesos, mientras que la administración actual apenas iría por los 6 mil 700 millones de pesos.
En cuanto a los medios de comunicación que se han visto beneficiados por el gobierno del tabasqueño, la lista es encabezada por Televisa, Estudios Azteca y Demos Desarrollo de Medios (La Jornada), quienes en conjunto se han embolsado una cuarta parte del total; es decir, 378.1 millones de pesos.
Una de las razones por la que es preocupante el uso discrecional de recursos para publicidad oficial es el hecho de que, a través de los ingresos económicos, los gobiernos en turno tienen la capacidad de catapultar o exprimir a los medios, dependiendo de si la línea editorial que manejan es favorable o crítica a sus intereses.
Sin embargo, esta no parece ser la situación con el gobierno actual. Si bien de la lista de grandes beneficiarios han salido medios particularmente críticos de la Cuarta Transformación, como El Universal o El Financiero, otros medios opositores aún se ven beneficiados por la opacidad en las asignaciones, como Televisa o Radio Fórmula.
De esta disparidad en el trato a editoriales opositoras al actual sistema se puede concluir que la entrega de recursos por parte de esta administración no condiciona a los medios de comunicación a emitir notas positivas a favor de esta. Sin embargo, la pérdida de estos recursos sí ha provocado que los medios afectados incrementen sus publicaciones negativas, llegando a sacar noticias falsas o descontextualizadas en algunos casos.
Esta situación se mantendrá en tanto no se modifique la Ley General de Comunicación Social –mejor conocida como ‘Ley Chayote’- promulgada por Peña Nieto, debido a que en ningún momento se incluyeron los mecanismos de control que eviten, tanto el uso excesivo de recursos –como en el gobierno pasado- como la entrega discrecional de estos.
Con información de MCCI, Cámara de Diputados, Animal Político, FUNDAR y e-Consulta.
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