Lenia Batres Guadarrama, nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solicitó formalmente acogerse al tope salarial y de prestaciones establecido en la Constitución, siendo la primera integrante del tribunal en hacerlo.
Desde el pasado 29 de diciembre, la activista y abogada capitalina envió un oficio a la presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández, para que contacte al departamento de Recursos Humanos para realizar una serie de ajustes a sus prestaciones laborales como ministra.
La primera de estas modificaciones es inscribirla al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); mientras que la segunda es que su salario sea el monto establecido en el artículo 127 constitucional y en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Cabe recordar que los salarios de los ministros son uno de los principales motivos del enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la SCJN, pues los juzgadores se niegan a ajustar sus salarios al texto constitucional, llegando incluso a promover amparos para conseguir su objetivo.
Finalmente, Batres solicitó que se le otorguen las prestaciones correspondientes al cargo; sin embargo, renunció a otros privilegios de los que también gozan los juristas de la Corte, como el millonario seguro de separación individualizado o las cajas de ahorro, alineándose con la Ley de Austeridad Republicana.
En 2023, el salario máximo para un ministro de la SCJN bajo la normativa actual alcanza los 175 mil 600 pesos mensuales -incluyendo el sueldo base y una compensación garantizada-; sin embargo, los once miembros del organismo percibían hasta 2.1 millones de pesos anuales.
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