Actualmente existe mucha incertidumbre por el impacto que la pandemia de coronavirus COVID-19 podría tener en la salud de las personas; sin embargo, también existe una gran preocupación por las consecuencias económicas derivadas de este padecimiento y de las medidas de prevención que se están llevando a cabo.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), estima que la Jornada Nacional de Sana Distancia está provocando una perdida diaria de 28 mil millones de pesos, 10 veces el valor del avión presidencial. La Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme) tiene una proyección menos dramática y considera que se han perdido 30 mil millones en diez días.
Sin embargo, si la situación actual se prolongara hasta la mitad del verano –entre julio y agosto- las pérdidas para la economía nacional podrían alcanzar los 250 millones de pesos, de acuerdo con la proyección realizada por Alampyme.
Por su parte, el economista José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) considera que detener las actividades públicas por un periodo de cuatro meses podría generar un déficit de 900 mil millones de pesos, es decir, el equivalente a once proyectos como el Aeropuerto de Santa Lucía.
"Debemos repensar nuevo ecosistema para transitar a una nueva gobernanza. LACEN propone la Industrialización Orientada al Desarrollo Sostenible y tener un crecimiento equitativo con bienestar". Analiza JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CORTÉS @lacenmx en @LaVanguardia pic.twitter.com/TCpVrgcQwq https://t.co/4YS8bX5Pb9
— LACEN (@lacenmx) March 30, 2020
La recaudación de impuestos será otra área afectada por la contingencia sanitaria, ya que se dejarán de percibir hasta 590 mil millones de pesos por conceptos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR, 300 mil mdp), el Impuesto al Valor Agregado (IVA, 200 mil mdp) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS, 90 mil millones).
Esta situación también impactará negativamente los ingresos de los trabajadores, quienes podrían ver afectadas sus utilidades ante las bajas ventas por parte de las empresas; además, se estima que más de 2.1 millones de negocios se encuentran en el sector del comercio minoritario, lo cual podría acarrearles grandes pérdidas.
Entre las prestaciones que podrían verse disminuidas o eliminadas como producto del panorama actual se encuentran las vacaciones pagadas, así como otros servicios que otorgan los contratantes, tales como transporte, comedor, becas escolares y uniformes.
Ante esta situación, Martínez y el LACEN proponen la creación de un nuevo ‘ecosistema’ económico, el cual han bautizado como Industrialización Orientada al Desarrollo Sostenible, el cual busca desarrollar políticas públicas con un carácter equitativo e inclusivo, que permita reducir las consecuencias de detener temporalmente las actividades económicas.
Esta iniciativa busca destacar la importancia que el capital humano –es decir, los empleados- tienen para el crecimiento de las empresas, pues aunque la inversión fija permite mantener la producción, son los empleados quienes incrementan las ventas de la misma, por lo que se debe promover una ‘conducta innovadora’ orientada a los trabajadores.
Con información de LACEN, El Universal y Vanguardia.
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