La campaña presidencial que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia en 2012 estuvo plagada de irregularidades, las cuales fueron desde el acarreo de personas en eventos multitudinarios hasta la probable compra de votos realizada a través de los monederos electrónicos de Monex y Soriana, las cuales no fueron sancionadas en su momento.
Pero el juicio que se inició en contra de Emilio Lozoya Austin le da una dimensión totalmente distinta a dichas irregularidades, ya que no solo se incluyen los presuntos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht otorgó a la campaña a cambio de ser beneficiada en las licitaciones de obra, sino que da una perspectiva de cómo se manejaba el círculo más cercano al exmandatario.
Durante su comparecencia, llevada a cabo de manera virtual este miércoles, el exdirector de Pemex –señalado por haber recibido los pagos ilegales de la compañía- aseguró que fue víctima de presiones y manipulado por un grupo de funcionarios de gobierno del más alto nivel, quienes lo utilizaron para obtener beneficios personales.
La declaratoria de inocencia de Lozoya también afirmó que se entregarán los nombres y cargos de aquellos que participaron en esta red de corrupción a gran escala. Esto podría provocar un gran ‘terremoto político’ –como lo afirmó Ricardo Monreal- que pondría en duda no solo la credibilidad, sino también la validez de todo lo realizado por la administración anterior.
Hasta ahora, de la elección que le dio la victoria a Enrique Peña Nieto se sabía de acarreos de gente a las casillas, la compra de votos, el reparto de tarjetas Monex, Soriana… Pero no del modus operandi en el círculo cercano al expresidentehttps://t.co/vPqmseWKIY pic.twitter.com/DrOQeQfDox
— SinEmbargo (@SinEmbargoMX) July 30, 2020
El exfuncionario ha sido señalado por haber recibido 10.5 millones de pesos de parte de Odebrecht a cambio de otorgar obras de infraestructura una vez que asumiera como titular de Pemex, las cuales le generaron ganancias de 39 millones a la constructora. De la suma inicial, 4 millones habrían sido utilizados para financiar la campaña de Peña, lo cual representa un delito electoral.
Esto, aunado a las acusaciones de compra de votos a través de monederos electrónicos y la entrega de artículos de primera necesidad, pudieron haber descalificado de la contienda al priista. Sin embargo, tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como el Tribunal Electoral (TEPJF) ignoraron la evidencia y validaron su triunfo.
Sin embargo, hubo una instancia gubernamental que sí dio seguimiento a estas irregularidades: la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) encabezada por Santiago Nieto Castillo. Sin embargo, este fue despedido del cargo en 2017, precisamente por investigar la relación de Odebrecht con la campaña del entonces mandatario.
Tras su salida de la Fepade, Nieto denunció abiertamente que había sido contactado por el propio Lozoya para que desistiera con sus indagatorias. Ahora, el funcionario encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, una de las demandantes en el ‘caso Odebrecht’.
Con información de Sin Embargo.
Imagen: El Gráfico de Tamaulipas
