La periodista Laura Sánchez Ley señaló algunas de las mayores inconsistencias del caso de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial asesinado en 1994, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que reabrirá la investigación para denunciar las violaciones que hubo en esta.
Entre las principales anomalías señaladas por la reportera tijuanense se encuentran varios de los testimonios que sirvieron como base para integrar la carpeta, debido a que los testigos se retractaron de sus declaraciones iniciales, denunciando que fueron obligados a testificar bajo amenazas.
—Graciela no pido nada en contra tuya. Puedes estar siendo intimidada, sobornada o engañada— Graciela continúa en silencio, transcurren unos segundos y lo que escucha es el llanto de Mario Aburto.
—No, él no me lo dijo. La taquimecanógrafa vuelve a consignar: No para de llorar.
— Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) July 8, 2022
Entre ellas se encuentran la de Graciela González, novia del presunto perpetrador Mario Aburto, quien inicialmente declaró que este le habría confesado el magnicidio. Sin embargo, las transcripciones de los careos muestran que ella afirmó abiertamente que su pareja no le dijo nada.
Posteriormente, la mujer reveló que la Policía Federal la obligó a firmar unas hojas. Caso similar al de Marcelino y Mauricio, primos de Aburto, quienes declararon en primera instancia que este les habría mostrado el arma homicida unos días antes, para después revelar que fueron amenazados y torturados a cambio de su testimonio incriminador.
Otros testigos clave fueron sus primos Marcelino y Mauricio quienes aseguraron que Mario les enseñó unos días antes el arma homicida.
Días después se retractaron: y aseguraron que fueron torturados y que los amenazaron con echarlos en un hoyo. pic.twitter.com/qYQso6nEYv
— Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) July 8, 2022
En sus investigaciones, Sánchez Ley también ha señalado que, de los ocho agentes federales que afirmaron haber sido testigos del momento en el que Aburto disparó a Colosio, seis de ellos no se encontraban en el lugar ni participaron en la detención del sospechoso.
También exigió una explicación a la liberación de Miguel Ángel Sánchez Ortega, integrante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que fue detenido en el lugar de los hechos y liberado tres horas más tarde, pese a los indicios que podrían haberlo involucrado.
Además de la sangre y los restos de plomo en su chamarra al momento de su aseguramiento, Sánchez afirmó no haber portado un arma al evento, pues no le era requerido para sus funciones; sin embargo, cuatro especialistas periciales concluyeron que sus manos presentaban indicios de plomo y bario.
Y es que primero Sánchez Ortega aseguró que no iba armado el día del magnicidio, ya que dentro del trabajo que realizaba no se le permitía portar armas de fuego.
El dictamen firmado por 4 peritos concluyó que en las manos de Sánchez existía la presencia de plomo y bario. pic.twitter.com/89eDQCvVMC
— Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) July 8, 2022
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