Un tribunal le dio un respiro –y un regalo de Día de Reyes anticipado- a Rosario Robles, pues determinó que la inhabilitación del servicio público por diez años que le había impuesto la Secretaría de la Función Pública (SFP) sea suspendida temporalmente, bajo el argumento de que causaría un ‘daño’ a su imagen profesional.
Esto fue informado por la hija de la señalada, Mariana Moguel Robles, quien actualmente controla los perfiles de redes sociales de su madre. A través de una publicación en su propia cuenta de Twitter, la legisladora presumió la resolución temporal tomada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En el documento, el TFJA otorga un plazo de 48 horas a la SFP para que redacte un informe sobre los cargos imputados y elimine la inscripción de Robles Berlanga del Registro de Servidores Públicos Sancionados debido a que dicho castigo dañaría el ‘derecho de imagen’ de la exfuncionaria, tanto en el ámbito profesional como en el personal; y asegura que esta determinación no afecta al interés social ni al orden público.
Hoy, el @TFJA_Mex_Ofi concede la suspensión provisional de la ILEGAL INHABILITACIÓN emitida por la @SFP_mx contra @Rosario_Robles_. La legalidad y la justicia siempre por encima de la venganza política.#VenganzaNoEsJusticia pic.twitter.com/mjW2WdHizx
— Mariana Moguel Robles (@Mariana_Moguel) January 3, 2020
Mariana Moguel continuó en la misma línea que Rosario Robles y su entorno han seguido durante el proceso en su contra, asegurando que este se trata de una venganza política; y calificó la sanción que la Función Pública impuso a su madre como ‘ilegal’.
Actualmente, Robles se encuentra en prisión preventiva y bajo una iniciativa de juicio político en el Congreso de la Unión debido a su probable participación en el esquema de desvío de recursos conocido como la ‘Estafa Maestra’; en el que dependencias del gobierno federal, a través de universidades y otras instituciones públicas, triangularon recursos hacia empresas fantasma.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Estas dos fueron las que más irregularidades presentaron, ya que desviaron más de 7 mil millones de pesos de los 13 mil millones totales de dicha trama.
Con información de Excelsior.
Imagen: Reto Diario
