El procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, aseguró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla en favor de Gustavo Cárdenas -tío de Luis Cárdenas Palomino– el daño al erario público podría alcanzar los 10 mil millones de pesos.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario habló sobre el amparo para no pagar 342 millones de pesos en impuestos que la Segunda Sala del máximo tribunal del país discutirá este miércoles, pues un resultado favorable podría crear un precedente peligroso.
Gustavo Cárdenas Fuentes es el representante legal de OBSES de México, empresa que recibió 291 millones de pesos entre 2010 y 2016 por parte de diversas instancias estatales y federales, como la Policía Federal en la que su sobrino fungía como el director de Seguridad Regional, bajo las órdenes de Genaro García Luna.
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Durante ese periodo, también recibió pagos por 4.9 millones de pesos directos de la empresa y procedió a la compra de un automóvil Ferrari 458 Spider valuado en 5.6 millones de pesos y un inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo con valor de 50 millones de pesos, que presuntamente recibió en donación.
Sin embargo, nunca pagó los impuestos correspondientes a sus ingresos, motivo por el cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició una investigación contra el tío del exfuncionario en 2016, sancionando un crédito fiscal por 163 millones de pesos, que ahora asciende a 342 millones y que no solo no pagó, sino que interpuso un amparo.
AMLO reclama explicación por proyecto a favor del tío de Cárdenas Palomino
Antes de la presentación de Medina, el presidente López Obrador exigió que el ministro Luis María Aguilar Morales ofrezca una explicación pública sobre por qué pretende beneficiar a Cárdenas -cuya empresa está vinculada a la operación criminal de García Luna- y sentar un peligroso precedente.
El mandatario recordó que esta es la cuarta ocasión en la que el ministro presenta un proyecto de resolución del caso. Sin embargo, las tres veces anteriores su resolución favorecía al SAT y, en todas ellas, retiró su determinación antes de que sus colegas pudieran discutirla, sin aclarar los motivos.
El procurador fiscal añadió que, si cuatro de los ministros que integran la Segunda Sala votan a favor del proyecto de Aguilar, se convertiría en un criterio vinculante para todos los tribunales del país, calculando que el daño al erario público generado por este antecedente podría alcanzar los 10 mil millones de pesos, como mínimo.
Con información de El CEO.
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