Frente a la situación de sequía que se vive en la Zona Metropolitana de Monterrey, el gobierno de Samuel García no solo limita y encarece el acceso al agua potable para la población, sino que incurre en un conflicto de interés para beneficiar a empresarios y políticos que han ‘apadrinado’ su carrera política.
Este fin de semana, nuestra directora editorial, Meme Yamel, viajó al estado de Nuevo León para asistir a algunos foros informativos sobre la reforma a la industria eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahí, entrevistó a la activista Betty Barrón, quien ya ha aprovechado esta clase de foros para denunciar sobre los graves problemas de agua en la entidad, los cuales no se limitan al desabasto ni a la sequía, sino que también abarcan la depredación ambiental y las relaciones políticas y económicas que se interponen.
En primer lugar, destacó que Nuevo León es un estado que, en realidad, cuenta con muchos recursos hídricos; lo cual ha provocado que varias industrias que requieren de una gran cantidad de este líquido se instalen ahí, acaparando el agua a través de concesiones federales y limitando cada vez más el acceso a la población.
En teoría, los permisos de tipo industrial no evitan el pago de un monto económico; sin embargo, estas compañías han logrado hacerse de concesiones agrícolas y pecuinarias gracias a la intervención de familias muy poderosas con vínculos políticos, las cuales tienen acceso gratuito a las reservas subterráneas de agua.
Entre estas destacan las de los exgobernadores Benjamín Clariond Reyes-Retana, Fernando Canales Clariond y Sócrates Rizzo; así como el dirigente ganadero Arturo Bonifacio de la Garza y la senadora Olga Sánchez Cordero. Mientras que la mayoría de ellos cuentan con dos concesiones, diversas fuentes le atribuyen a la exministra una cantidad que podría ir desde cuatro y hasta catorce de estos permisos.
A través de esta estrategia, estos cinco personajes consumen cerca de 2 millones de metros cúbicos al año sin pagar un centavo; mientras que el grueso de la población nuevoleonesa solo gasta un promedio de 240 metros cúbicos anuales por familia; sin embargo, estas últimas tienen que desembolsar una media de 2 mil 837 pesos al año.
A su llegada, el gobierno de Samuel García no buscó resolver esta problemática, sino aprovecharse de ella para obtener recursos adicionales por parte de la Federación, solicitando a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que emitiera una declaración de emergencia que, entre otras cosas, implicaría la inyección de millones de pesos.
Sin embargo, los funcionarios de Conagua determinaron que no existían elementos para decretar una contingencia, debido a que los mantos freáticos de los que se alimentan los pozos cuentan con suficientes reservas y las condiciones climáticas tampoco representaban un factor de riesgo.
Ante este revés, el mandatario cargarle el costo económico al pueblo. Hace unas semanas, el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM) anunció un incremento del 10 por ciento en la tarifa mensual a todos aquellos usuarios que sobrepasen los diez metros cúbicos de consumo; es decir, la mitad de lo que la mayoría de las familias utilizan. Esta medida no afectará al sector industrial.
Mientras tanto, el actual titular del organismo dependiente del gobierno estatal, Juan Ignacio Barragán Villarreal y algunos de sus principales colaboradores se han incrementado el sueldo hasta en 40 por ciento, en comparación con lo que tabulaban los funcionarios de la administración anterior.
Mientras que Gerardo Garza ganaba poco más de 76 mil pesos mensuales, el urbanista se otorgó a sí mismo no uno, sino dos incrementos salariales, dando un total de 122 mil pesos para el inicio de 2022. Su directora de Dirección Comercial, Ana Cecilia Cuilty Siller, también experimentó un aumento similar, pasando de 69 mil a 111 mil pesos en emolumentos.
La última polémica protagonizada por este personaje es que el SAyDM pretende explotar los mantos acuíferos ubicados bajo el centro de Monterrey –algunos de los cuales alimentan al río Santa Catalina- para proveer de agua potable a un conjunto de desarrollos inmobiliarios, pese a no contar con los permisos por parte de Conagua.
El conflicto de interés
Barragán –quien ya ha participado en otras instancias estatales y municipales- no solo pertenece a una de las familias más reconocidas de Monterrey, sino que también se trata de una de las mayores beneficiarias de la explotación de mantos acuíferos en la entidad.
Resulta que esta familia fundó y continúa controlando a ARCA Continental, una de las principales embotelladoras de Coca-Cola Company en México, en donde varios de los miembros de su Consejo de Administración comparten ambos apellidos con el funcionario.
Estos, a su vez, son primos de Fernando Elizondo Barragán, gobernador interino de Nuevo León en 2003 –en sustitución de Canales Clariond, uno de los dueños de las concesiones denunciadas arriba- y a quien el propio Samuel García ha reconocido como ‘su mentor’ y uno de sus consejeros más cercanos.
Esto significa que el responsable de decidir el destino del agua potable de los nuevoleoneses y el propio gobernador no solo están atentando contra el derecho humano al vital líquido de sus gobernados, sino que, además, tienen vínculos directos con aquellos que acaparan –de forma gratuita- estos recursos y que han sido beneficiados por las administraciones anteriores o han formado parte de ellas.
Otros problemas
Durante su visita a Nuevo León, nuestra directora editorial recibió reportes de que, a lo largo de la semana pasada, tuvieron lugar tres explosiones vinculadas al fracking, práctica de extracción petrolífera que consiste en la fractura de los depósitos subterráneos de agua para alcanzar las reservas de hidrocarburos que se encuentran por debajo de ellas, la cual representa un serio riesgo de contaminación.
También tuvo noticia de que en las inmediaciones de la cascada Cola de Caballo -una de las principales atracciones turísticas de Nuevo León- se instaló una bomba de agua y una tubería que está desviando el líquido hacia un paradero desconocido, denuncia que ya ha tenido eco en redes sociales.
ACLARACIÓN
Unas horas después de la publicación de esta nota, el Área de Comunicación Corporativa de FEMSA contactó a The México News para aclarar que ARCA Continental y ellos son dos empresas independientes la una de la otra, que proveen el servicio de embotellamiento -junto con otras seis compañías más- para The Coca-Cola Company en México.
Con información de Reporte Índigo, Sin Embargo, Silo Tips, El Horizonte.
