La Secretaría de Gobernación informó que presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Rodrigo de la Peza López, titular del Juzgado Noveno en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
A través de su cuenta de X, Luisa María Alcalde informó que la solicitud para iniciar un juicio político -procedimiento dispuesto en la Constitución para sancionar a los funcionarios públicos que incurran en omisiones o abusos de su cargo- en contra del juzgador se entregó al Poder Legislativo el pasado 1 de julio.
La secretaria señaló que el motivo para solicitar la remoción de De la Peza es no solamente su actuación sesgada y los excesos cometidos en numerosos casos, sino la falta de acción del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) pese a las denuncias públicas en su contra.
El nombre de Rodrigo de la Peza volvió a aparecer en el escenario público en días pasados, por invadir -sin tener competencia para ello- las funciones del Tribunal Electoral (TEPJF), al ordenar la designación de dos nuevos magistrados en un plazo de 24 horas tras conceder un amparo a un particular.
Alcalde añadió que el actuar del juez en este y otros casos muestra una conducta facciosa por parte de alguien que debe garantizar imparcialidad, añadiendo que la expectativa sobre los jueces es la de presentar argumentaciones jurídicas y no consignas políticas convertidas en sentencias.
Por ello, acudirán ante el Congreso de la Unión, el poder en el que reside la representación popular, para determinar si De la Peza abusó de sus facultades e invadió la competencia de otras ramas del gobierno, como en el caso del TEPJF.
¿Quién es Rodrigo de la Peza, juez que enfrentaría juicio político?
Antes de convertirse en juez de materia administrativa, Rodrigo de la Peza López -egresado de la Escuela Libre de Derecho- fungió como el secretario de Estudio y Cuenta de Norma Lucía Piña Hernández, actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El señalado también fue el responsable de conceder numerosos amparos en contra de proyectos de la actual administración federal, como la Reforma a la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión en 2022.
