La familia de Tania ‘G’, candidata suplente del PRI detenida el pasado fin de semana en Puebla, asegura que las autoridades no les permiten verla, además de que presenta señales de tortura física.
Erika, hermana de la imputada, reveló en conferencia de prensa que, tras la audiencia inicial en la que leyeron los siete cargos en contra de la priista y otros seis colaboradores, la jueza les permitió reunirse brevemente con ella, quien denunció sufrir de abusos físicos y notando que presenta signos de violencia en su cuerpo.
El miércoles -relata- acudió al Centro de Readaptación Social de San Miguel para realizar el trámite correspondiente para las visitas; sin embargo, en ese momento le indicaron que por protocolo no podía reunirse con Tania, pues le realizaban unos estudios en ese momento.
Al día siguiente volvió a presentarse en el centro penitenciario con el pase que le entregaron unas horas antes; no obstante, asegura que escuchó a una de las funcionarias públicas del lugar comentarle a su compañero que su hermana no tiene derecho a visitas por órdenes de la dirección.
Tanto Erika como los representantes legales aseguran que la suplente de la dirigente estatal Delfina Pozos sufre de violencia política de género, pues partidos, actores políticos y medios de comunicación la atacan y desprestigian sin una sentencia de por medio, poniendo en riesgo incluso su vida, por lo que exige que dejen de usarla como instrumento político.
También solicitó la intervención de instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ONU Mujeres, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y de las autoridades electorales (INE, IEEP, TEPJF).
Detención de Tania ‘G’
Tania ‘G’ fue detenida el pasado 4 de mayo en la colonia Tres Cruces, al sur de Puebla, en un operativo ejecutado por la Marina Armada de México. Sin embargo, no fue sino hasta el lunes por la noche que se supo el motivo de su detención, junto con otros seis colaboradores.
Las autoridades acusan a la candidata priista de los delitos de posesión de drogas, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército, posesión ilegal de armas, posesión de un inhibidor de señal, cohecho y tentativa de homicidio.
Tras conocer sobre la detención, la dirección estatal del PRI -a cargo de su compañera de fórmula- pidió no especular sobre el suceso y deslindar responsabilidades; sin embargo, una vez que se hicieron públicos los cargos en su contra, se deslindaron de ella y apelaron a la responsabilidad individual de sus militantes.
Imagen:
