Al comenzar su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso, auditor Especial de Desempeño, aclaró que no iba defender a capa y espada la cifra presentada
en el informe en torno al costo del proceso de liquidación del exaeropuerto en Texcoco, conocido como Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
En su lugar, dijo que la razón de su comparecencia ante la Cámara de Diputados era aclarar las razones por las cuales ‘se presentan con igual validez dos ópticas distintas’, en referencia a que el error se debe a que se presentaron dos metodologías diferentes.
Agustín Caso rechazó enérgicamente que en la cifra presentada en el informe correspondiente al primer año fiscal del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya existido dolo o motivación política.
“Manifiesto con firmeza que no existió dolo, motivación política en el equipo auditor, de la misma manera que mis colaboradores de la Auditoría Especial de Desempeño merecen todo mi reconocimiento y respeto por su labor profesional, atiendo al llamado de esta Comisión de buena fe, solicito que no se considere como una violación a la separación temporal del cargo en términos del debido proceso”.
El auditor reconoció la labor del equipo auditor y aseguró que el informe es consistente con la metodología utilizada. No obstante, subrayó, ‘existe un vacío legal en cómo se debe cuantificar la suspensión de una obra’.
Por lo anterior, explicó que no es pertinente revelar un nuevo monto sobre el costo que tuvo la cancelación del NAIM, pues dicho vacío procesal tiene que ser atendido y además porque están en proceso muchas cotizaciones en el proceso de investigación.
“Están por procesarse las diferencias y valores reales. No es la intención de su servidor imponer una cifra sobre otra, no sólo por su origen y naturaleza distinta, sino porque son hipótesis que se habrán de materializar cuando se concluya el proceso de cancelación”.
Agustín Caso agregó que en ningún momento se estableció un pliego de observaciones como cuantificación de un presunto daño a la hacienda pública, ni tampoco existe ningún señalamiento hacia un servidor público, además de que no hay ninguna promoción de sanción por conductas graves.
“Al no tener ningún elemento punitivo, con estos resultados queda claro que no existe o existió la intencionalidad de imputar alguna conducta ilegal a un ente o a un gobierno. Esta auditoría no presenta ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado porque el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye; solo se emiten recomendaciones”
Aseguró que la diferencia entre los montos ‘no significa que en automático exista una ilegalidad y muchos menos una acusación de corrupción y agregó:
“Es importante superar la falsa disyuntiva sobre dos criterios de enfoques metodológicos porque no uno, sino ambos tienen sustento constitucional, legal y técnico”.
El auditor especial sí entregó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la Cámara dos cifras: 162 mil 540 millones de pesos ya erogados hasta 2019 y 168 mil 455 pesos de costos adicionales.
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