Este miércoles, diversas instancias del gobierno federal presentaron en el Senado de la República una propuesta de reforma al sistema de procuración de justicia en el país, a través de la cual se pretende otorgar mayores atribuciones a organismos como la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con diversos medios, entre las iniciativas para fortalecer el sistema judicial se encuentran la creación de un nuevo Código Penal que funcione en todo el país, un nuevo Código de Procedimientos Penales, modificaciones sustanciales a la Ley de Amparo y también a la ley que rige a la FGR y sus procedimientos.
Dos planteamientos que destacan entre estas propuestas son que se permita la utilización de grabaciones de conversaciones privadas como pruebas en los juicios, incluso si fueron obtenidas de manera ilegal; así como poner nuevas restricciones a la emisión de amparos, con el objetivo de que los procesos de extradición no se extiendan indefinidamente.
La FGR quiere más poder para hacer inteligencia, investigación, limitar amparos, oír llamadas… https://t.co/LNI6CYxPnd pic.twitter.com/agVBZrU0MB
— SinEmbargo (@SinEmbargoMX) January 15, 2020
Además, las modificaciones planteadas para la Fiscalía le permitirían a la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero ampliar sus atribuciones, participando y encabezando operativos encubiertos y de inteligencia. También se supo que esta oficina pretende crear su propia unidad financiera, la cual tendría a los cuerpos de seguridad –incluyendo a la Guardia Nacional- a su cargo en la ejecución de sus investigaciones.
Algunos medios reportan que, de aprobarse este paquete de reformas, la FGE estaría usurpando las labores que actualmente desempeñan las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto es de llamar la atención, ya que, la semana pasada, el titular de la Fiscalía acusó a esta ultima instancia de afectar procesos al violar la presunción de inocencia.
Finalmente, Gertz Manero pidió a los legisladores que le den hasta el 1 de febrero como plazo para presentar de manera completa su propuesta de Ley de Justicia Cívica. A través de esta, el fiscal general busca dar cumplimiento a la promesa de reducir la criminalidad desde la raíz; puesto que durante los últimos 20 años se han realizado reformas con este objetivo, sin embargo, estas no han funcionado adecuadamente.
Con información de Sin Embargo.
Imagen: ESPECIAL
