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Tras varios días de protestas y represión, gobierno de Colombia retira polémica reforma tributaria

Tras varios días de protestas y jornadas de violencia contra la población, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que daría marcha atrás en la implementación de la polémica Reforma Tributaria que desató la movilización de miles de personas en las principales ciudades del país.

A través de un mensaje dirigido a la nación, el mandatario solicitó al Congreso que se retire la controvertida iniciativa, la cual se encuentra en manos del Poder Legislativo desde el pasado 15 de abril y cuyo objetivo era –presuntamente- poder financiar los programas sociales derivados de la pandemia de COVID-19.

Entre los principales puntos de la propuesta se encontraban el cobro de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la población con ingresos medios, la aplicación de IVA (del 19 por ciento) en alimentos, productos de la canasta básica y servicios públicos y un impuesto especial a millonarios, con el fin de recaudar 6 mil 200 millones de dólares.

Durante su mensaje, Duque mencionó que la reforma no es un capricho, sino una necesidad, y que ha consultado con los representantes de las diferentes fuerzas políticas y de la sociedad civil para elaborar una nueva propuesta que surgiera del consenso y, así, poder evitar la incertidumbre financiera.

Ante las protestas que iniciaron en ciudades como Cali o Bogotá durante la semana pasada, el Ejecutivo anunció el viernes la eliminación del IVA a alimentos, productos y servicios básicos ni la aplicación del ISR en la propuesta; sin embargo, estas medidas fueron insuficientes y las manifestaciones continuaron durante el fin de semana.

Este se trata del tercer intento de Iván Duque por imponer una reforma en materia de recaudación fiscal en el país, pese a que durante su campaña prometió que no habría incremento de impuestos. Pese a que el primer intento fue anulado por la Corte Constitucional en 2018, al año siguiente consiguió la aprobación de su proyecto, lo cual desató una ola masiva de movilizaciones.

Además del riesgo que representaban para las clases medias y bajas de un país cuya economía se redujo en casi 7 por ciento a causa de la crisis sanitaria, también existe descontento por el lento avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19, el cual ha enfrentado retrasos, falta de suministros y de transparencia en las adquisiciones.

De acuerdo con instancias oficiales, desde que el gobierno determinó la intervención de los equipos especiales y las Fuerzas Armadas para contener las protestas, se han registrado 17 muertos y más de 800 heridos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado más de 900 violaciones a las garantías individuales por parte de las autoridades.

Con información de BBC Mundo.

Imagen: Noticieros Televisa.

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