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Fiscalía de Estados Unidos pide mantener clasificados documentos del caso García Luna hasta marzo

Esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Corte Federal de Nueva York Este que extienda durante tres meses adicionales el secreto sobre los documentos del caso en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.

A través de una carta, el fiscal Seth DuCharme solicitó al juez Brian Cogan, responsable del juicio, que extienda la confidencialidad de las pruebas en contra del exfuncionario; argumentando que la desclasificación de estos materiales podría poner en riesgo a los testigos del caso, así como a sus familiares.

En la víspera de la próxima audiencia, programada para celebrarse el próximo 7 de diciembre, DuCharme pidió al magistrado que extienda el periodo de protección de las evidencias, para que permanezcan bajo secreto al menos hasta el 1 de marzo de 2021.

El funcionario también señaló que retrasar la entrega de los documentos a la defensa de García Luna, encabezada por el abogado César de Castro, no vulnera sus garantías; sin embargo, si reduce el riesgo para todas aquellas personas que han colaborado con la Fiscalía al aportar evidencias físicas en contra del exfuncionario.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha recopilado 950 mil páginas de documentos; así como miles de grabaciones como parte del proceso. Sin embargo, argumentan que la identidad de los colaboradores y los probables testigos en el caso podría comprometerse debido a que algunas de estas pruebas darían claras sugerencias sobre su origen.

Cabe recordar que Genaro García Luna fue detenido en Texas hace prácticamente un año, el 10 de diciembre de 2019, acusado de haber recibido sobornos por parte de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas; a las cuales también habría ayudado a introducir y comercializar sustancias ilegales en territorio estadounidense.

Se sabe que, desde hace algunos meses, el equipo legal de García Luna intenta negociar un acuerdo para que este se convierta en ‘testigo colaborador’ y así poder evitar un juicio. Si este se celebrara y el exfuncionario fuera encontrado culpable, enfrentaría una pena que oscilaría entre los 20 años de prisión y cadena perpetua.

Con información de Proceso.

Imagen: Sin Embargo

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