Durante su primera sesión, la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, la cual sustituirá a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para sancionar a aquellos funcionarios de gobierno que incurran en delitos.
Tras una maratónica sesión que se extendió durante toda la madrugada, la aprobación en lo general de esta nueva legislación se dio con 273 votos a favor, 220 en contra y ninguna abstención. Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de polémica, pues los partidos de oposición rechazaron la propuesta entregada en el pleno.
Legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) aseguraron que en realidad no se trataba de una nueva iniciativa, sino que Morena introdujo un texto que ya había sido aprobado durante la legislatura anterior, valiéndose de la mayoría con la que cuenta en los órganos de gobierno de la cámara.
Las fracciones de oposición también consideran que, de la forma en la que se redactó la propuesta, existe el riesgo de que los procesos en contra de servidores públicos pasen de ser penales a políticos, pues basta que un partido tenga mayoría en alguna de las dos cámaras podría tener la posibilidad de remover de su cargo a un funcionario electo democráticamente.
¿Qué dicen los partidos de la nueva Ley de Juicio Político? https://t.co/baBbqiGqTC
— Uno TV (@UnoNoticias) September 2, 2021
La nueva ley también contempla que, si el Congreso aprueba la declaratoria de procedencia en contra de algún funcionario público, este será inmediatamente separado de su cargo y puesto a disposición de los tribunales competentes, con el objetivo de evitar una incertidumbre jurídica, como en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca.
Cabe recordar que, durante el pasado mes de abril, la Cámara de Diputados le retiró el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas a causa de una investigación emprendida por la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el panista mantuvo su protección debido a que el Congreso local (controlado por su partido) se negó a hacer válida la declaratoria.
La oposición también afirmó que las modificaciones con respecto al caso del presidente de la República son un intento para blindar al Ejecutivo federal. En dicha situación, la Cámara Baja se constituirá como la parte acusadora, mientras que el Senado funcionará como juzgado, procediendo a la destitución del mandatario con dos terceras partes de los votos.
Sin embargo, la diferencia de posturas no fue el único incidente en la accidentada sesión, ya que la diputada Shirley Guadalupe Vázquez, del Partido del Trabajo, sufrió una caída mientras se dirigía a su asiento. De acuerdo con su bancada, se habría tropezado con la alfombra, golpeándose en la cabeza, por lo que debió salir para ser atendida y ya no pudo regresar.
Con información de UnoTV y Político MX.
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