El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh) expresó su rechazo a las recientes filtraciones de la información que la Comisión de Verdad y Justicia que investiga el caso Ayotzinapa entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) para su judicialización.
A través de un comunicado, la organización lamentó la forma en la que se hizo pública la información presentada por el subsecretario Alejandro Encinas en agosto, pues se presenta de una forma que revictimiza a los familiares; además de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) sigue analizando el documento.
También expresan su preocupación por la decisión de la FGR de cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión contra personajes -incluyendo funcionarios públicos- presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, que este lunes cumple ocho años.
En ese sentido, el Centro Prodh manifestó su alarma por la forma en la que la Fiscalía tomó la decisión pasando por encima de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y ya analiza las implicaciones que ello representa para el proceso judicial.
También rechazan la irresponsabilidad de la prensa en las filtraciones y la pretensión de sancionar a los jueces que han liberado a probables responsables. Finalmente, piden dar apoyo y acompañamiento a las familias de los normalistas durante la manifestación que tendrá lugar en la Ciudad de México este 26 de septiembre.
Las filtraciones
Peniley Ramírez, columnista del periódico Reforma, publicó el pasado sábado una serie de filtraciones del informe que el subsecretario Alejandro Encinas entregó a los familiares de las víctimas el pasado 26 de agosto, momentos antes de presentar la versión pública en conferencia de prensa.
La comunicadora nacida en Cuba eligió hacer públicos fragmentos en los que se cuenta con lujo de detalle la crueldad con la que fueron asesinados, descuartizados y disueltos la mayoría de los estudiantes; así como la versión de un pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y José Luis Abarca para que este último asumiera la responsabilidad de los hechos.
La publicación de estos detalles, que ya eran del conocimiento de los familiares, acarreó una serie de críticas contra Ramírez -incluyendo al propio Centro Prodh- por revictimizar a los afectados directos e indirectos.
Con información de Centro Prodh.
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