Pese al empeño que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha puesto en inhabilitar a empresas que tengan conflictos de interés o proporcionen información falsa para participar en las licitaciones públicas, al menos una docena de estas ha logrado anular las sanciones y volver a participar a través de la vía judicial.
De acuerdo con un artículo publicado por la periodista Laura Sánchez Ley, las suspensiones decretadas por el órgano fiscalizador han logrado ser revertidas a causa del poco sustento que la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval ha logrado demostrar en los tribunales.
De las doce empresas que han logrado librar los decretos de la SFP y han vuelto a concursar por contratos gubernamentales, se dividen en tres grandes grupos: las farmacéuticas, compañías transportistas y el sector de la construcción. Varias de las organizaciones del primer grupo están vinculadas al empresario Carlos Lomelí.
#Exclusiva
Encontramos que 12 empresas sancionadas por @SFP_mx continúan recibiendo contratos millonarios, a pesar de que @Irma_Sandoval las acusó de falsear información públicamente.La razón: han tumbado sus casos en tribuales para poder seguir en la cancha gubernamental. pic.twitter.com/SbsDEioZKs
— Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) March 12, 2021
El exdelegado de programas sociales de Jalisco –y actual candidato a la alcaldía de Guadalajara- ha recibido 18.4 millones de pesos en contratos gubernamentales después de aparecer en el listado de proveedores sancionados por la SFP, a través de las empresas Solfrán y Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud).
Otra de las empresas relacionadas con Lomelí, Lomedic, logró obtener la suspensión definitiva de la sanción que pesaba en su contra el 3 de febrero pasado, gracias a que cambió su estatus al interior de la compañía, declarando que tan solo ejercía como administrador de la misma y no como propietario, amparándose en la Ley de Sociedades Mercantiles.
Esto fue declarado por Graham Zubia, abogado de las empresas vinculadas con el empresario y político, quien aseguró que fue de esta manera que logró resolver el litigio de Abisalud a su favor. El jurista asegura que muchas de las acusaciones lanzadas por la SFP para justificar las sanciones han partido de ‘falsedades’ que no han podido demostrar ante los tribunales.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, asegura que existe un problema estructural desde hace muchos años, en los que la Función Pública falla ante el Poder Judicial y termina sin cobrar las multas derivadas de sus observaciones. Mariana Campos, de México Evalúa, considera que es necesario aplicar una plataforma de contrataciones que permita automatizar procesos.
Con información de Expansión Política.
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