El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la multa que la Secretaría de la Función Pública (SFP) había impuesto en contra de Francisco Javier Báez Álvarez, quien ha sido señalado como uno de los principales operadores del esquema de desvío de recursos conocido como la ‘Estafa Maestra’.
Este jueves, el tribunal determinó que la sanción de diez años y 158.6 millones de pesos que la SFP le había otorgado al exfuncionario se realizó bajo un marco legal que ya no era válido en el momento de su aplicación, por lo que resolvió la improcedencia de esta y, de manera momentánea libró al señalado del pago.
Los siete magistrados del TFJA que votaron a favor de exonerar a Báez argumentaron que, en septiembre de 2017, cuando se inició la investigación en su contra, ya había entrado en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que le retiró la facultad de imponer sanciones a la SFP, delegando esta responsabilidad en el propio tribunal.
Esta postura fue respaldada por otros seis juzgadores, pese a que no existe claridad sobre si esta legislación es retroactiva a faltas que se hayan cometido antes de julio de 2017. Por el otro lado, la SFP y los cuatro magistrados que votaron en contra consideran que el proceso fue correcto, debido a que el delito apareció durante la revisión de la Cuenta Pública 2015, cuando la ley anterior aún estaba vigente.
Un tribunal federal anuló hoy las sanciones impuestas a Francisco Javier Báez Álvarez, uno de los principales involucrados en la Estafa Maestra #RegístrateGratis https://t.co/Ylt2RhX3RA
— REFORMA (@Reforma) February 25, 2021
Francisco Javier Báez fungió como director de Programación y Presupuesto, tanto en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como en la de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles al frente de ambas dependencias, desde donde se gestó la ‘Estafa Maestra’.
Gracias a su puesto, fungió como mano derecha de Emilio Zebadúa, quien trabajó en ambas dependencias como director del Órgano Interno de Contro. Se cree que este último fue la ‘mente maestra’ detrás del desvío de más de 5 mil millones de pesos del gobierno federal, los cuales habrían ido a parar al financiamiento de campañas políticas para el PRI.
Báez renunció a su cargo el 15 de septiembre de 2017, un día después de recibir el primer oficio por parte de la SFP para aclarar el destino de esos recursos. Este proceso terminó dos meses después, el 16 de noviembre, cuando la dependencia de fiscalización resolvió suspenderlo por una década del servicio público, junto con el reintegro de 185 millones de pesos.
Esta es la segunda ocasión en la que un tribunal le permite al exfuncionario enfrentar la acción de la justicia, ya que en marzo de 2019 un juez federal se rehusó a vincularlo a proceso por su participación en un convenio con la Universidad Tecnológica Francisco I. Madero, precisamente por 185 millones de pesos por servicios no prestados.
Con información de Reforma.
Imagen: Debate
