Mauricio Pérez Hernández, director de Evaluación del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) con múltiples denuncias por malas prácticas, obligó a sus subordinados a ‘regalarle’ unos zapatos de 20 mil pesos por su cumpleaños.
Nuestra directora editorial, Meme Yamel, exhibió en su noticiero el caso del funcionario, quien solicitó a cada uno de los trabajadores a su cargo una ‘cooperación’ de 500 pesos para que le compraran un par de mocasines Maxi GG de la marca Gucci, cuyo valor oscila entre los 16 mil y los 20 mil pesos.
Posteriormente, Hernández se enteró que con la compra del calzado, la marca italiana incluye una botella de champaña, la cual exigió inmediatamente. Esto pese a que su sueldo como titular del área de Supervisión, Evaluación y Servicio de Carrera de la Defensoría Pública es de 125 mil pesos mensuales.
Además, en 2017 la Secretaría de la Función Pública (SFP) añadió a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que ningún funcionario puede exigir ni aceptar regalos en el cumplimiento de su encargo, ni por sí mismo, ni a través de terceros, ni por parte de personas con las que sostenga una relación profesional.
Supervisor del Poder Judicial que exigió zapatos de 20 mil pesos acumula múltiples denuncias
Sin embargo, el exigir -ilegalmente- que sus propios trabajadores le compraran unos zapatos de 20 mil pesos es apenas la última irregularidad en el cuestionable historial de Pérez Hernández.
Nuestra redacción tiene conocimiento de al menos tres quejas vigentes en contra del funcionario, pues sus subordinados lo denunciaron ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por diversas irregularidades, que van desde uso indebido del servicio público hasta acoso laboral y violencia de género.
De acuerdo con una de estas denuncias, el funcionario participó en la evaluación del concurso de oposición para defensores públicos, pese a que no corresponde a su área. Ahí, lo señalaron por favorecer a los perfiles más cercanos a él y algunas versiones incluso asegura que él mismo le filtró las respuestas a sus favoritos.
Además, múltiples quejas lo señalan por utilizar de forma facciosa las evaluaciones -las cuales presentan un atraso de dos años- al personal. Mientras que a los integrantes de su círculo cercano los recompensa con estímulos económicos, emprende campañas de acoso laboral contra quienes no le agradan.
En una de estas denuncias, una trabajadora del IFDP -que incluyó discriminación por cuestión de género entre los abusos sufridos- señala que el propio Mauricio Pérez le dijo que inició un proceso administrativo en su contra en cuanto ocupó el cargo, pues a su parecer su labor -que aún no iniciaba- era deficiente.
La directora del IFDP, la magistrada Taissa Cruz –impuesta por la ministra Norma Piña– está al tanto de estas situaciones, no obstante, aún no adopta medidas pues se trata de uno de sus colaboradores más cercanos.
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