La periodista Laura Sánchez Ley denunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP), lejos de esclarecer algunos de los escándalos de corrupción más sonados de las administraciones pasadas, está escondiendo expedientes ante solicitudes ciudadanas para acceder a estos.
Tanto en sus redes sociales como en la capsula que conduce para el noticiero de Milenio Televisión, la investigadora tijuanense expresó su incredulidad por las acciones emprendidas por la administración pública federal tras haber solicitado información sobre el robo de expedientes vinculados a la ‘Casa Blanca’ del expresidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, la dependencia encabezada por Roberto Salcedo Aquino, lejos de entregar la información, realizó una sesión especial en la que se determinó que los datos solicitados por la reportera no solo no serían otorgados, sino que, por el contrario, permanecerán bajo reserva durante un año más.
Shock. Ya me da terror pedir información: solicitamos el expediente a la @SFP_mx del robo por parte de su personal de los documentos del caso de La Casa Blanca de Peña y derivado de la petición hicieron una sesión y lo clasificaron como secreto 1 año.
La info con @elisaalanis https://t.co/VyEfvsFo1b
— Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) November 4, 2021
El escándalo de la ‘Casa Blanca’ fue el primer gran escándalo que enfrentó la administración del priista y, también, uno de los que más golpeó su imagen pública, no solo por el hecho en sí, sino por el pésimo manejo que el mandatario dio a la situación y la sospechosa investigación interna que lo exoneró.
La residencia en cuestión fue construida por Grupo Higa, propiedad de Armando Cantú Hinojosa, una de las empresas favoritas de Peña para la entrega de contratos gubernamentales. El mandatario, lejos de abonar a la transparencia, dejó la investigación en manos de Virgilio Andrade, entonces titular de la SFP y cercano colaborador, quien determinó que, pese a la cercanía entre ambos involucrados, no existió conflicto de interés.
El pasado mes de marzo, la entonces secretaria Irma Eréndira Sandoval, informó que tres exfuncionarios habían sido vinculados a proceso por extraer uno de los expedientes del caso y sustituirlo por una versión pública que presentaba diversas omisiones. Esta era la información que la periodista buscaba.
Hace unos días, la propia Laura Sánchez Ley reveló que este tipo de situaciones no afectan solo a la SFP, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene 58 investigaciones abiertas por robo de documentos, además de 24 casos que ya fueron resueltos aunque, en ninguno de ellos, se ejerció acción penal contra los probables responsables.
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