Pese a que la regulación vigente lo prohíbe, organizaciones privadas –algunas de ellas de carácter religioso- están ayudando a particulares en el estado de Nuevo León a extraer, de manera temporal, a menores cuya custodia está a cargo del Estado en los refugios del sistema DIF.
A raíz del incidente en el que el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, se llevaron a su casa a un bebé de cinco meses, al cual exhibieron a través de sus redes sociales, se han desatado una serie de debates entre la opinión pública. Entre ellos, está la legalidad de las acciones de la pareja.
Una férrea defensora del mandatario y su pareja fue Marlene Stahl, conductora de Imagen Televisión, quien, durante una transmisión en vivo, aseguró que no solo no tiene nada de malo que hayan sustraído a un menor durante unas horas ni exhibirlo en redes sociales, sino que además fue una acción amparada en el marco de la ley.
La presentadora potosina afirmó que en Nuevo León existe, desde hace muchos años, un programa denominado Familias Solidarias y especuló con la posibilidad de que García y Rodríguez pudieran haber tenido acceso al menor por ser integrantes de dicha iniciativa.
Stahl no está del todo equivocada, pues el sistema DIF de Nuevo León sí creó un programa llamado Familias de Acogida, para adoptar de manera temporal a jóvenes en búsqueda de una familia definitiva. Este fue instituido en 2013, en conjunto con Back2Back México, una organización de carácter religioso que cuenta con oficinas en Monterrey, Culiacán y Cancún.
Sin embargo, este programa dejó de estar vigente en 2019, cuando se realizaron modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el artículo 30 Bis 2 se estableció que los menores no pueden ser entregados por particulares sin la intervención directa de las autoridades competentes.
Esto significa que, incluso si Marlene Stahl tuviese razón y el matrimonio está inscrito a dicha iniciativa, aún sería ilegal que hubiesen ‘adoptado’ al menor por un par de días. Además, existen otras inconsistencias que ponen en tela de duda la validez de una acción que pretendió ser presentada como ‘altruista’ ante la opinión pública.
Uno de ellos son los lineamientos vigentes del estado de Nuevo León en materia de adopciones, los cuales datan de septiembre de 2020. En estos se establecen una serie de pautas para hacer cumplir las diversas modalidades que existen para la reintegración de menores bajo custodia del Estado.
En sus historias de Instagram, Rodríguez Cantú aseguró que consiguió la custodia temporal del menor tras haber solicitado un permiso de convivencia familiar por ‘vínculo emocional’. Si bien estas autorizaciones sí existen, están limitadas para la familia cercana, extendida o ajena. En esta última clasificación solo entran las parejas que ya están llevando a cabo el trámite de adopción, por lo que ellos no califican para valerse de dicho recurso.
Otro de los modelos que se mencionan es el del acogimiento temporal, en el que las familias reciben a uno de estos menores mientras se les encuentra una familia definitiva. Sin embargo, para formar parte de dicho programa se tiene que cumplir con una serie de requisitos y, una vez cumplidos estos, se debe pasar por una capacitación con duración de dos años.
Este tampoco es un método viable para ellos, ya que aún no cuentan con la certificación emitida por las autoridades competentes, tal como la propia influencer lo confesó en sus publicaciones, por lo que, tanto por la legislación federal como por la normativa local, la extracción del menor sigue siendo una acción fuera del marco de la ley.
De igual forma llama la atención el hecho de que, una vez que las familias que formarán parte de estos programas y tienen acceso a los permisos de convivencia familiar, existe la posibilidad de que estas se realicen sin la supervisión de los funcionarios encargados de llevar el caso.
Un problema más que común
Pese a que podría pensarse que García y su cónyuge se aprovecharon de su posición –ambos son funcionarios públicos de alto nivel- para hacerse con un infante de manera temporal, la realidad es que, en Nuevo León, es un fenómeno mucho más común de lo que se esperaría.
Nuestra directora editorial, Meme Yamel, fue contactada por una mujer que estuvo a punto de llevar a su hogar a un par de menores hace dos años, auxiliada por una organización de carácter privado que se vale de los nulos controles de la entidad para sacar a los pequeños de las instalaciones del DIF.
De acuerdo con su testimonio, ella trabaja en la Delegación de Nuevo León para los programas sociales del Bienestar a nivel federal. Gracias a su vínculo laboral conoció a una mujer –hermana de una compañera suya- que dirige una fundación llamada La Gran Familia, la cual había iniciado las gestiones para que pudiera acoger a dos niños durante las fiestas decembrinas de 2019, aunque al final no se materializó.
La mujer señaló que no se le realizó ningún tipo de examen ni se le ofreció ninguna capacitación para gestionar la salida de los menores, pues ya era una persona ‘de confianza’ y, una vez alcanzado este estatus, podía ser considerada incluso para convertir su domicilio en un hogar de acogida temporal.
Cuando se le hizo notar que todas estas acciones van en contra de los protocolos gubernamentales en la materia, señaló que estos nunca han sido aplicados; aunque sí mencionó que, cuando uno se vuelve ‘de confianza’ investigan la situación financiera del solicitante, así como tener un espacio suficiente para albergar al menor.
De acuerdo con su página web, la asociación –cuyo objetivo era que no hubiera niños en situación de calle en Nuevo León- fue fundada en la década de 1980 por el empresario regiomontano Alberto Santos de Hoyos, propietario de Gamesa y presidente del Club de Futbol Monterrey (Rayados) en los setenta.
En 2017, la diputada Maribel Villalón –del PRI, partido al que ‘Don Galleto’ representó en ambas cámaras- pidió ante el Congreso estatal aportar donaciones para mantener funcionando sus instalaciones.
En 2021, la agrupación se vio beneficiada por una propuesta conjunta del PRI y del PAN, a través de la cual lograron aprobar que se entregue un fondo de apoyo a través del cual las familias que participen en el programa de acogida temporal reciban un ingreso –proveniente del erario público- que puede alcanzar hasta los 4 mil 200 pesos mensuales.
Con información de Casa Paterna La Gran Familia, H. Congreso de Nuevo León y Al Chile con Meme Yamel.
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