Un niño de aproximadamente ocho años fue sustraído del domicilio de sus abuelos en la ciudad de Mérida (Yucatán), luego de que un comando de personas armadas se introdujera en plena madrugada bajo el argumento de que estaban cumplimentando una orden judicial.
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de septiembre en el fraccionamiento Montecristo. Los videos de las cámaras de seguridad del domicilio muestran que un grupo de personas uniformadas, en posesión de armas de alto calibre, se introdujeron por la fuerza para, posteriormente, llevarse con ellos al menor, quien responde al nombre de Zac.
Los individuos –dos hombres y dos mujeres- utilizaron un mazo para abrir el zaguán de la casa. Posteriormente, uno de los integrantes del grupo se identificó como integrante de la Fiscalía General del Estado (FGE) en dos ocasiones, mientras sus compañeros avanzaban por la cochera.
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Al ser cuestionados al respecto, voceros de la dependencia aseguraron que los elementos que sustrajeron al menor habrían sido enviados desde la Ciudad de México, pese a que se identificaron como integrantes e incluso llegaron al domicilio a bordo de unidades de la FGE.
De acuerdo con medios locales, Zac ha vivido con sus abuelos –originarios de Quintana Roo- toda su vida, por decisión de su madre, quien se habría trasladado a la capital de la República, e incluso fue registrado con los apellidos de estos. Sin embargo, hace unos meses la progenitora –quien tiene una relación con un abogado del Estado de México- habría iniciado una batalla legal por su custodia y los agentes se habrían presentado cumplimentando un mandato de un juez.
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Desafortunadamente, la sustracción y el alejamiento de menores de edad de sus tutores no es algo nuevo en Yucatán. Durante años, la abogada Dariana Quintal ha investigado casos en los que las autoridades fabrican cargos en contra de los guardianes para ingresar a los menores al sistema estatal de albergues.
En algunos de estos casos, en los que existe maltrato por parte de un adulto que no cuenta con la custodia, la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) y la propia FGE inventan acusaciones como maltrato infantil u homicidio para detener a los tutores, incluso cuando las pruebas no respaldan los señalamientos.
Entre los abusos documentados por la abogada tabasqueña se encuentran violaciones y abusos sexuales en contra de los jóvenes que son ingresados en los Centros de Atención al Menor en Desamparo (CAIMEDE), cuyos perpetradores han sido protegidos por una red de corrupción que llega hasta el Poder Judicial del estado.
También ha revelado la existencia de una trama de tráfico de menores, en las que los pequeños que han sido separados de sus familias son ‘subastados’ a familias influyentes de la entidad, poniendo como ejemplo a la diputada Cynthia Couoh Valladares (PAN), quien se habría hecho con la custodia de dos menores de esta manera.
Con información de Por Esto y Yucatán Ahora.
Imagen: ESPECIAL
