Una mujer oriunda de Guadalajara pidió la intervención del Poder Judicial para que se le paguen las reparaciones que la justicia ya le concedió, ante los daños provocados a su propiedad por parte de una constructora.
A través de las redes sociales, Ana Guadalupe Sarabia Vargas, vecina de la colonia Arcos Vallarta, exhibió el proceso judicial que enfrenta desde 2018, cuando la desarrolladora Grupo Aravel inició la construcción de una torre de departamentos de 26 pisos en un predio contiguo al que habita desde hace seis décadas.
En aquel momento se realizó un dictamen ante un notario público, que confirmó que su vivienda -la cual también incluye locales con los que la familia se sostenía económicamente- se encontraba en buenas condiciones, por lo que la empresa se comprometía a reparar cualquier afectación provocada por la obra.
Sin embargo, esto nunca sucedió. Apenas un año después, Protección Civil desalojó a Sarabia y sus hijos del domicilio por el riesgo de colapso producido por el edificio, el cual estuvo a punto de clausurarse por numerosas irregularidades; pese a ello, se logró un segundo acuerdo en el que Grupo Aravel reiteró su compromiso de solventar los daños.
El problema fue que un notario declaró como cumplidas dichas reparaciones sin que la empresa terminara los trabajos, por lo cual Ana Guadalupe inició y ganó un juicio civil que obliga a los desarrolladores a pagar por las afectaciones; no obstante, estos últimos emprendieron una serie de amparos para evadir su responsabilidad.
Por ello, la mujer pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que garantice la ejecución de la sentencia a su favor, anule los amparos presentados de forma maliciosa; además de que las autoridades ministeriales investiguen los posibles delitos detrás de su desplazamiento forzado.
