La diputada federal Margarita Zavala asegura que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, miente cuando afirma que hubo una ‘operación de Estado’ para evitar perseguir a familiares suyos implicados en el incendio de la Guardería ABC, en 2009.
A través de su cuenta de Twitter, la ex primera dama aseguró que son falsas las palabras del titular del Poder Judicial, quien denunció que el gobierno de Felipe Calderón buscó influir en su decisión de dar justicia a las familias de los 49 menores de edad fallecidos en Hermosillo a través de todo tipo de presiones.
Miente Zaldívar, miente @ArturoZaldivarL
Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo que: mientras escuchaba se le “ocurrió” “contarles una historia” y dijo muchas mentirasAbro hilo
— Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022
En primer lugar, Zavala Gómez del Campo asegura que el juzgador falta a la verdad al afirmar que se abandonó a los padres, pues su marido se habría reunido con ellos desde el día posterior a la tragedia, encontrándose con los aludidos en la capital de Sonora, así como en la Ciudad de México.
Posteriormente afirmó que no hubo una conspiración para proteger a su prima Altagracia Gómez del Campo Tonella, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les habría otorgado la concesión a esta y a sus socios muchos años antes de que iniciara el gobierno de Calderón.
PMiente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que @FelipeCalderon entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros
— Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022
Sin embargo, quien mintió flagrantemente fue ella al garantizar que el gobierno federal obtuvo órdenes de aprehensión en contra de su pariente y sus asociados, ya que a casi trece años, ninguna instancia –incluyendo a la Fiscalía y a la propia SCJN- ha emprendido ninguna acción legal contra propietarios y socios, limitándose a perseguir a funcionarios de segundo nivel.
Sobre el esfuerzo para garantizar apoyos, becas, tratamiento y seguridad social a los supervivientes que asegura haber vigilado, resulta que la designada para encabezar el órgano de asistencia (CAICE), Marcela Fimbres, fue sancionada con 12 años de inhabilitación en el servicio público, luego de que se comprobó que otorgó más de 100 millones de pesos a tres familiares suyos a cambio de adquirir insumos al triple de su precio.
Acompañé los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social,apoyo psicológico. A la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado porque al dolor cuando se toca debe ser sólo para sanarlo y no para utilizarlo
— Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022
Además, la administración de Calderón sabía que esta estancia –junto con el 99 por ciento de las guarderías subrogadas- no cumplía con las condiciones de seguridad y protección civil requeridas para obtener una concesión de esa naturaleza. Sin embargo, no se ejerció ninguna acción en su contra.
Junto con Altagracia Gómez del Campo –quien también es prima de la esposa del exgobernador Eduardo Bours- los otros socios eran Alfonso Escalante Hoeffer, Sandra Téllez Nieves, Antonio Salido y Gildardo Urquides Serrano. Este último y el primero tenían vínculos con el gobierno estatal de aquella época.
Sin embargo, esta no fue la única manera en la que el Estado permitió que los señalados gozaran de impunidad. Unas semanas después del hecho, la diputada local Claudia Pavlovich –después gobernadora- intentó influir en la causa penal emitiendo cartas en las que respaldaba públicamente a Téllez y Urquides.
Hasta el momento, las detenciones más notorias del caso de la Guardería ABC son las de Carla Rochín y Sergio Salazar, coordinadora nacional de Guarderías y director de Prestaciones Económicas, respectivamente; quienes fueron vinculados a proceso en noviembre de 2020 por haber permitido que la estancia siguiera operando pese a no cumplir con las normas básicas.
Con información de Noroeste, Proceso, La Jornada, El Gráfico e Infobae.
Imagen: ESPECIAL
