El día de ayer, el exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, finalmente se declaró culpable por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa de los que se le acusa desde hace prácticamente dos años. Sin embargo, el castigo recibido parece mínimo comparado con la magnitud de sus crímenes.
El juez que llevó la audiencia otorgó a Duarte una condena de nueve años de prisión –de los cuales ya lleva año y medio- y la confiscación de 40 propiedades, además de una multa de 58 mil pesos y una amonestación verbal después de que este se declarara culpable y la PGR solicitara un juicio acelerado y no añadiera agravantes a la acusación.
Esto parece poco, teniendo en cuenta que la Fiscalía de Veracruz lo acusa de haber desviado al menos 200 millones de pesos; con lo cual, la multa sería apenas el 0.029 por ciento. Si a esto se añade el hecho de que se calcula que desvió cerca de 75 mil millones de pesos a través de una red de empresas fantasma, el porcentaje que representa la multa se encuentra en el ámbito de los diez decimales (0.0000007733 por ciento).
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Encima de todo, la sentencia que Duarte de Ochoa debe cumplir se podría reducir a la mitad. Su equipo legal ya trabaja en estrategias para que el tiempo que el exmandatario debe pasar tras las rejas se reduzca a cuatro años y medio, de los cuales ya lleva uno y medio, por lo que podría estar libre en solo tres años.
Este caso es un claro ejemplo de las terribles deficiencias que tiene la impartición de justicia en este país, en donde los políticos pueden delinquir a manos llenas sin grandes consecuencias –en el peor de los casos-. Aun así, Duarte aún tiene pendientes dos acusaciones por la fiscalía veracruzana y una solicitud para ser investigado por crímenes de lesa humanidad en una corte internacional.
Con información de Animal Político y El Diario Mexicano.
