En un proceso lleno de irregularidades, un juez del estado de Chihuahua desechó todas las pruebas y absolvió al probable asesino de Mireya Rodríguez, trabajadora sexual y activista por los derechos de las personas transgénero localizada sin vida en septiembre de 2020.
Laura Hernández, compañera de la víctima en la organización Letra S y la abogada que llevó su caso, señaló que desde el comienzo del proceso hubo irregularidades, pues la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer no acordonó la zona en donde fue encontrado el cuerpo.
Debido a ello, se puso en contacto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la oficina en México del comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual se pronunció denunciando el asesinato de una persona transgénero por primera vez en la nuestro país.
Lo mediático del caso hizo que el fiscal turnara el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Defensores de los Derechos Humanos y, diez días después del hallazgo, notificaron a la familia y a la defensora de Mireya que habían detenido al probable responsable de su muerte.
#EnPortada De las 130 pruebas ofrecidas por la defensa de Mireya, el juzgado solo dio por válidas 14: una documental y 13 testimonios. Entre las pruebas que dejó fuera del juicio está la necropsia, porque no coincidía la fecha de muerte
✍️ @A_Ruiz9https://t.co/eqFKY0E0U5— Pie de Página (@PdPagina) July 30, 2022
El señalado fue identificado por las trabajadoras sexuales como un cliente habitual en la zona de Mireya; además, prendas con sangre de la víctima fueron encontradas en un cateo; además de que estaba en posesión del teléfono celular y el vehículo de esta, el cual puso a la venta.
En total, se presentaron 130 pruebas en contra del imputado, de las cuales 65 eran testimonios en su contra. Sin embargo, el juez a cargo del caso desechó la gran mayoría de ellas, admitiendo solo una prueba documental y trece; desestimando incluso la necropsia legal del cuerpo.
Dicha prueba fue rechazada porque el juez interpretó que los cinco días -con una diferencia de 36 horas- que el forense estableció eran el tiempo exacto transcurrido y no una posibilidad, ignorando incluso que Mireya recibió una llamada dentro de ese lapso de cinco días.
Respecto al material genético encontrado en su domicilio, afirmó que las prendas no eran de la talla del acusado y especuló con la posibilidad de que la víctima le hubiese encargado la venta del vehículo, por lo que consideró que esto podría no estar vinculado al caso. Finalmente, el pasado 8 de julio el señalado fue absuelto del delito.
Hernández señaló que la sensación que le invadió al escuchar la sentencia fue similar a la del caso de Rubí Frayre Escobedo, hija de la activista Marisela Escobedo, cuyo feminicida fue absuelto de la acusación por ‘falta de pruebas’ pese a haber confesado el delito y confirmado la localización de los restos.
La trayectoria de Mireya como activista comenzó en 2013, cuando ella y otras compañeras suyas fueron detenidas, bajo el argumento de que no contaban con el ‘permiso sanitario’ que el municipio exigía a las trabajadoras sexuales. Durante el procedimiento, se les realizó una prueba de VIH con la misma lanceta, atentando contra sus derechos humanos.
El caso se hizo público, llegando incluso al relator especial para casos de tortura de la ONU, quien se manifestó en contra. Laura Hernández representó a Rodríguez y sus compañeras; posteriormente, esta última entró a laborar a Letra S -convirtiéndose en su colega- y fundó la Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses.
Con información de Pie de Página.
Imagen: Homosensual
