Las denuncias

¡Increíble pero cierto! Empresa ligada a García Luna es la encargada de ‘proteger’ a periodistas en riesgo

Esta mañana, la reportera María Luisa Estada (La Grillotina Política) denunció que la empresa encargada de proveer –en exclusiva- el equipamiento para el Mecanismo de Protección para Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) continúa recibiendo adjudicaciones pese a estar vinculada a Genaro García Luna.

Ante esta revelación, el mandatario afirmó no tener información sobre dicha situación; sin embargo, existe un largo historial de denuncias contra RCU Sistemas –encargada de proveer servicios como escoltas o botones de pánico-, el cual si conoce el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez.

En marzo de 2019, el portal de noticias Sin Embargo publicó un extenso reportaje acerca de las numerosas fallas reportadas por los beneficiarios de esta red de protección. Entre las principales quejas se encontraba, precisamente, los múltiples fallos de los dispositivos conocidos como el ‘botón de pánico’, un equipo electrónico que permite la localización de la víctima en tiempo real.

En aquella nota, se recogieron las declaraciones del propio Encinas –quien fue emplazado a presentarse en la ‘mañanera’ de mañana para aclarar esta situación- en las que reconocía que RCU Sistemas era la encargada de estos servicios y que se estaba realizando una auditoría a causa de la cantidad de dinero que recibe (30 millones de pesos anuales).

El vínculo de la empresa con el exsecretario de Seguridad Pública fue establecido por el periodista quintanarroense Pedro Canché, quien, en diciembre de ese mismo año, reveló que el funcionario –recién arrestado en Estados Unidos por narcotráfico- estaba vinculado a la compañía a través de una de sus hermanas.

En su artículo, Canché también afirmó que esta habría sido una de las empresas que el ‘súperpolicía’ de Felipe Calderón habría utilizado para seguir captando recursos públicos tras su salida de la administración federal, a través de jugosos contratos con Segob, de los cuales 2 mil millones habrían sido triangulados a cuentas propiedad del exfuncionario.

RCU Sistemas fue mencionada junto con Nunvav, ICIT Holding, GLAC Security Consulting o Gas Mart como parte de la red que estaba siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). No obstante, fue la única compañía no mencionada por el titular de esta dependencia, Santiago Nieto, cuando reveló el modus operandi de esta trama.

Unos meses más tarde, en marzo de 2020, fue el portal Contralínea el que dio a conocer que existía una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para saber si Genaro García Luna se estaba valiendo de una serie de prestanombres para ocultar que él es el verdadero dueño de la empresa, pero no hubo reportes sobre la UIF, como afirmaba Canché.

En su denuncia de este miércoles, la corresponsal de La Grillotina Política aseguró que el último contrato celebrado entre la compañía señalada y Segob data del 7 de enero de 2020. Sin embargo, otros periodistas como Manuel Hernández Borbolla (RT en Español) o nuestra directora Meme Yamel han buscado sin éxito dicho contrato.

Sin embargo, el Portal Nacional de Transparencia cuenta con más de 130 entradas relacionadas a esta empresa, incluyendo contratos con diversas instancias federales, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las secretarás de Marina y Defensa Nacional o la propia Gobernación.

https://twitter.com/MemeYamelCA/status/1407781024617148419

A pesar de que no se encontró el contrato denunciado por Estrada, nuestro equipo si encontró dos contratos recientes entre RCU Sistemas y Segob. El primero data del 1 de enero del año pasado, tiene una duración de seis meses y el monto máximo que establece para la empresa –sin deducción de impuestos- es de 230 millones 758 mil 620 pesos.

El segundo, por su parte, es aún más reciente que el presunto convenio revelado por la reportera, pues data del 1 de enero de este mismo año. Sin embargo, su valor es aún más llamativo, pues prácticamente duplica el monto del anterior (470 millones de pesos) mientras que su duración es de apenas 3 meses.

Con información de Sin Embargo, Noticias Cancún, Contralínea y el Portal Nacional de Transparencia.

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