Una investigación periodística reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó contratos por 40 millones de dólares a empresas fantasmas que usurparon la identidad de dos adultos mayores pobres –una empleada doméstica y un carpintero- para obtener dichos contratos.
El reportaje, elaborado de manera conjunta por Univisión y El País, da a conocer que Comercializadora Esrome y Servicios Dizoal recibieron 40 millones de dólares por parte de la extinta Policía Federal en 2018, a cambio de proveer a dicha dependencia con equipos para vigilancia e intervención de comunicaciones.
De acuerdo con los datos del Registro Público de Comercio, Alberta Manzano, trabajadora del hogar de 65 años de edad, vecina del municipio de Naucalpan, aparece como la principal accionista de Esrome; mientras que José García Brito, carpintero de 74 años, originario de la misma localidad, está registrado como socio mayoritario de Dizoal.
Sin embargo, esta no es la única irregularidad que llama la atención en este caso, ya que ambas empresas fueron fundadas el mismo día y fueron registradas por el mismo notario, en unas oficinas ubicadas en Chalco, en el lado contrario de la Zona metropolitana de donde viven sus presuntos dueños.
En últimos meses de gobierno de @EPN, Policía Federal en México compró 40 mdd en equipo de interceptación de comunicaciones a empresas cuyos "dueños" son dos jubilados que dicen que no sabían nada. Una colaboración de @elpaismexico y @UInvestigahttps://t.co/QRQMH6t3Lv
— Univision Investiga (@UInvestiga) October 1, 2020
El responsable de otorgar fe de ambas compañías es un notario llamado Salvador Ximénez, quien recibió dicho encargo de manos del propio Enrique Peña Nieto. Actualmente, su permiso de notario está revocado debido a una serie de irregularidades en las que ha avalado el uso de documentos falsos en transacciones inmobiliarias.
Además, las oficinas de ambas compañías se encuentran sospechosamente cerca, en el área de Polanco, las cuales se han mantenido desocupadas durante meses. De acuerdo con los registros públicos, Laura Valdés habría adquirido la mayoría de las acciones de las dos empresas en 2019; sin embargo, ni Alberta ni José tienen conocimiento de nada de esto.
De acuerdo con estas empresas, los equipos entregados a la Policía Federal fueron provistos por tres empresas originarias de Israel. Sin embargo, estas empresas no tienen conocimiento de dichas operaciones; además, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no tiene registros de que se hayan hecho transferencias al exterior.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) llegó a la conclusión de que todas estas irregularidades han provocado un daño al erario de 499 millones de pesos. Muna Dora Munaín, exempleada conocida por haber investigado los desvíos que dieron como resultado la publicación de la Estafa Maestra, asegura que las pesquisas estuvieron incompletas.
Con información de Univisión.
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