Hace unos meses, en mayo de 2020, el asesinato de Diana Carolina Raygoza Montes, estudiante universitaria originaria de Tepic, Nayarit, conmocionó a la opinión pública, acarreando una ola de protestas, tanto en dicho estado como a nivel nacional, exigiendo justicia.
Menos de una semana después de crimen, la Fiscalía General del Estado presentó al presunto autor, quien resultó ser un pariente de la víctima. Sin embargo, algunos familiares de los involucrados no están convencidos del proceso llevado a cabo por las autoridades.
Nuestra directora editorial fue contactada por los familiares de Víctor Emmanuel Ruiz Velasco Raygoza, quien fue presentado por las autoridades nayaritas como el probable feminicida de Diana el pasado 29 de mayo; los cuales denuncian las supuestas irregularidades enfrentadas por su hijo durante las indagatorias y el proceso penal.
De acuerdo con la denuncia que recibimos, redactada por los padres del señalado, los agentes ministeriales comenzaron a hacer tiempo antes de tomar su declaración. En ella, afirmó que ese día había estado en un parque y que, ahí, informó a unos policías que había sufrido un intento de asalto que no investigaron.
Sin embargo, la Fiscalía dijo que no encontraron declaraciones de los oficiales, por lo que fue detenido por falsedad de testimonio, tras lo cual habría sido incomunicado por parte de las autoridades. Esto propició que sus progenitores comenzaran a buscar ayuda legal; no obtante, relatan que ningún despacho quería hacerse cargo del caso, ya que se trataba de una cuestión política.
Posteriormente, el gobernador Antonio Echeverría y al fiscal Petronilo Díaz Ponce aparecieron ante los medios de comunicación, divulgando los pormenores del caso y prácticamente declarando a Víctor como culpable del feminicidio sin que este hubiese sido siquiera presentado ante un juez para que se resolviera su estatus jurídico; y acusaron a ambos funcionarios de buscar tener un culpable para tener contenta a la opinión pública.
Finalmente, la familia consiguió un defensor que lleve la causa del imputado. Sin embargo, la labor de este también se ha visto obstaculizada por las autoridades, ya que –aseguran- la Fiscalía le ha negado el acceso a las carpetas del caso; de igual manera, negaron realizar un reporte pericial de la escena del crimen y en dos ocasiones han omitido informar sobre las fechas de las audiencias.
También aseguran que los pocos avances conseguidos por su representante se han logrado gracias a que han recurrido a instancias federales. El último de ellos fue realizar una prueba a las presuntas prendas manchadas de sangre que se usaron como evidencia. No obstante, las autoridades de Nayarit siguen obstaculizando los peritajes de la defensa.
En este último caso, relatan que tuvieron que contratar los servicios de un perito de otro estado, ya que los de la entidad están vinculados a la Fiscalía. Cuando llegó la fecha asignada para el estudio, la institución rehusó a prestar sus instalaciones, por lo que se debió recurrir a un laboratorio privado y que, cuando los análisis se realizaron, los agentes pusieron toda clase de pretextos para no reconocer los resultados.
Por ello, quieren que su denuncia llegue a manos del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se transparente la información del proceso, del cual desconfían ya que todos los jueces están influenciados por la opinión pública tras los señalamientos de las autoridades estatales. Además, dicen temer por su integridad, ya que constantemente son vigilados por diversos vehículos.
Imagen: NTV
