Leobardo Hernández Regino, el campesino de 29 años que resultó herido de gravedad durante las protestas ocurridas en Pachuca el pasado 1 de junio, falleció como consecuencia del impacto de una lata de gas lacrimógeno que elementos policiacos dispararon para dispersar a los manifestantes.
Durante las dos semanas que duró su agonía, sus familiares han denunciado que el gobierno de Hidalgo, que encabeza el priista Omar Fayad Meneses, ha cometido una serie de irregularidades y atropellos en su contra, como mantenerlo con signos vitales a pesar de que presentaba muerte cerebral.
En su momento, la administración estatal afirmó que se estaba realizando el acompañamiento necesario para la familia, informándoles cada doce horas sobre el estado de salud de Leobardo; sin embargo, esta versión ha sido negada por los propios parientes del hoy occiso, quienes denunciaron la opacidad de las autoridades.
Sus padres encabezaron una rueda de prensa afuera del Hospital General de Pachuca, en donde se encontraba internado, acusando que, durante los dos primeros días de su ingreso, no permitieron que familiares ni amigos pudieran ingresar a verlo y que los doctores se limitaban a afirmar que se encontraba ‘grave, pero estable’.
Además de no permitir el paso de sus allegados y haber tomado la determinación de mantenerlo vivo de manera artificial sin preguntarles, la familia también señaló que, hasta el momento, no se les ha dado acceso al expediente médico de Leobardo e, infructuosamente, buscaron un acercamiento con la Secretaría de Salud para tener un informe más completo sobre su estado de salud.
Leobardo Hernández fue herido mientras participaba en la manifestación que los campesinos de Xuchitlán (municipio de San Salvador) realizaron el pasado 1 de junio frente al Palacio de Gobierno de Pachuca para exigir al gobierno estatal la realización de una serie de obras que habían sido prometidas y nunca se llevaron a cabo.
De acuerdo con la evidencia recopilada aquel día, el fallecido habría sido impactado en el rostro por una lata de gas lacrimógeno lanzada para dispersar a los quejosos, cayendo inconsciente al piso, en donde no pudo ser auxiliado debido a la detonación del proyectil, por lo que su cuerpo fue rodeado por elementos policiacos.
Por ello, familiares y conocidos de la víctima exigen que se haga justicia y los secretarios de Seguridad Pública (Mauricio Delmar) y Gobierno (Simón Vargas) presenten sus renuncias como responsables de la represión vivida ese día. Mientras tanto, las autoridades tienen detenido a un policía, al cual están señalando como responsable de homicidio culposo.
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