La corrupción que ha alcanzado el estado de Sinaloa bajo los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha llegado hasta el punto en el que una persona vinculada a un intento de secuestro y a una detención ilegal actualmente es la única magistrada anticorrupción en toda la entidad.
Esta mañana, una reportera originaria de Los Mochis acudió a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar algunas de las irregularidades cometidas durante la administración de Quirino Ordaz Coppel al frente de Sinaloa. Sin embargo, no es la única con quejas sobre el gobierno priista.
Nuestra directora editorial, Meme Yamel, sostuvo este lunes una entrevista con Erick Roberto Zepeda Salinas, abogado anticorrupción originario de aquella entidad, quien fue víctima de un intento de secuestro por parte de una ‘mafia’ de funcionarios públicos por investigar el manejo inadecuado de recursos públicos.
En febrero de 2013, un cliente suyo con quien se había reunido fue privado ilegalmente por un grupo de personas; sin embargo, fue soltado posteriormente, pues a quien pretendían capturar era al propio Zepeda, quien, tras el incidente, decidió huir de Sinaloa, trasladándose hasta la Ciudad de México.
Sin embargo, cuando descendió del avión en la capital del país, fue abordado por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes intentaron sembrarle sustancias ilegales para justificar su detención, hecho que se frustró gracias a que las azafatas del vuelo captaron el incidente en video.
Por estos hechos, decidió interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, en contra de tres funcionarios públicos del estado de Sinaloa, incluyendo a María Cháidez Zepeda, quien en aquel entonces administraba el Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO en Sinaloa.
Presidente, tiene que tomar cartas en el asunto. No es posible que una de los imputados de las represalias que denuncié en 2013 sea la única Magistrada Anticorrupción de Sinaloa. Personal corrupto de @FGRMexico ocultó SECUESTRO, Asuntos Internos se dio cuenta y dio vista penal. pic.twitter.com/vC7yQER5oQ
— Erick Zepeda Salinas (@erzs1) September 6, 2021
Tras sufrir más represalias por parte de las autoridades estatales, decidió no continuar indagando hasta la llegada de López Obrador al gobierno federal. Antes de que la PGR se convirtiera en Fiscalía, envió un correo a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Dicha dependencia le responde que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Servidores Públicos no les turnó la averiguación del delito de secuestro a ellos –aunque les correspondía- sino que la envió a la delegación estatal de la PGR en Sinaloa.
Por ello, presentó un recurso ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), con copia para los principales funcionarios de dicha oficina, la cual fue enviada a la oficina de Asuntos Internos de la nueva FGR, la cual descubre que su antecesora le ocultó la investigación a la SEIDO e inició una carpeta de investigación en contra de los responsables.
Sin embargo, el asunto no acabó ahí. Debido a que está trabajando en temas anticorrupción, revisó unos correos viejos y decidió indagar sobre la situación actual de los funcionarios a los que responsabilizó por la tentativa de secuestro, descubriendo que Cháidez fue nombrada como magistrada anticorrupción en 2018.
Además del hecho obvio que causa que una persona que aparece indiciada en una investigación por secuestro reciba un cargo de este calibre en el Poder Judicial, Zepeda también encuentra extraño que se le haya otorgado este puesto a una persona que en su carrera nunca ha abordado temas de combate a la corrupción.
Para mayor sorpresa, la señalada se ostenta como magistrada unitaria; es decir, que es la única funcionaria judicial en el estado de Sinaloa que investigará y juzgará acusaciones por irregularidades cometidas por servidores públicos.
Esto significa que, si la administración entrante –encabezada por el morenista Rubén Rocha Moya- quisiera acusar a los funcionarios del gobierno de Quirino Ordaz por acciones cometidas en su periodo, Cháidez sería la única que podría juzgarlos, e incluso, decidir dejarlos en libertad.
Imagen: Acustik Noticias
