El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente los monumentales gastos que enfrenta la administración federal a causa de la privatización de los centros penitenciarios emprendida durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Durante la conferencia de prensa matutina del mandatario, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dio a conocer los resultados de una investigación realizada en conjunto por su dependencia y por la Consejería Jurídica de la Oficina de Presidencia, encabezada por Julio Scherer Ibarra.
De acuerdo con los datos expuestos por la funcionaria, los gastos de operación de ocho instalaciones penitenciarias que son manejadas por la iniciativa privada han tenido un costo de 75 mil 661 millones de pesos durante nueve años. Sin embargo, estos convenios fueron firmados por un plazo de 20 años, por lo que aún quedan 190 mil 638 millones por pagar, para un total de 266 mil 300 millones de pesos.
Rodríguez también reveló que, durante 2020, el 68.3 por ciento del presupuesto total asignado a Prevención y Readaptación Social (PyRS) se utilizó para para pagar a las empresas que administran dichos centros; este porcentaje es equivalente a 15 mil 562 millones de pesos.
En otra lámina mostró el costo por año, mes y día que cada interno representa en estos ocho penales penales. En promedio, cada reo representa un gasto de 1.3 millones de pesos al año; es decir, 3 mil 819 pesos al día. La secretaria comparó este costo con el de los penales administrados por el gobierno de la Ciudad de México, en donde cada detenido cuesta alrededor de 500 pesos diarios.
En ese sentido, las instalaciones más costosas son las del Penal Federal Femenil número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos. Este centro tiene una población de 809 personas privadas de la libertad (32 por ciento de capacidad), apenas por encima del promedio de las ocho priciones, por lo que cada interna tiene un costo de 6 mil 411 pesos diarios.
Posteriormente, Scherer habló sobre algunas de las cláusulas estipuladas en los contratos de adjudicación, las cuales establecen –entre otras cosas- que la cifra que paga el gobierno es por la capacidad total del inmueble, no por el porcentaje de ocupación y que, una vez que concluya el convenio, las instalaciones serán propiedad del contratista.
Cabe recordar que estos contratos, entregados por adjudicación directa, fueron firmados durante la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Este último se encuentra bajo proceso judicial en Estados Unidos, acusado de aceptar sobornos y ayudar a grupos criminales a introducir y vender drogas en aquel país.
Durante su intervención de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que los beneficiarios están vinculados a empresarios influyentes, aunque no dio nombres. En su momento, reportes periodísticos revelaron que entre los contratistas se encontraban personajes como Olegario Vázquez Raña (Grupo Empresarial Ángeles), Carlos Slim (Carso) o Hipólito Gerard (GIA).
Sin embargo, se sabe que uno de los penales privatizados benefició a Olegario Vázquez Raña, dueño de Grupo Imagen, donde trabaja Ciro Gómez Leyva.
Carlos Slim también figura entre los beneficiados, de acuerdo con distintos reportajes publicados en medios. pic.twitter.com/em8se59xYf
— manuel hernández borbolla (@manuelhborbolla) January 13, 2021
Imagen: ESPECIAL
