La Corte Federal para el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York hizo pública una acusación formal en la que señala a Nicolás Maduro como jefe de una estructura criminal transnacional que, durante más de 25 años, utilizó al Estado venezolano para facilitar el tráfico masivo de cocaína hacia Estados Unidos, en alianza con organizaciones criminales y grupos catalogados como terroristas.
El documento judicial sostiene que el mandatario, junto con altos funcionarios civiles y militares, convirtió a Venezuela en un ‘corredor estratégico’ del narcotráfico, protegiendo cargamentos de toneladas de cocaína que salían por vía aérea y marítima hacia Centroamérica, México y finalmente territorio estadounidense. En este esquema, el régimen habría colaborado directamente con las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, al que se identifica como un brazo operativo clave dentro y fuera de Venezuela.
Según la acusación, estas organizaciones operaron con protección institucional, uso de aeropuertos, puertos, pistas clandestinas y aeronaves oficiales, así como con el respaldo de fuerzas de seguridad venezolanas. El expediente describe pagos millonarios en sobornos, tráfico de drogas previamente incautadas por autoridades y el uso de armas de guerra para asegurar rutas y castigar traiciones.
La Corte señala que el poder político de Maduro se habría sostenido mediante esta red de corrupción y narcotráfico, permitiéndole mantenerse en el cargo pese a elecciones ampliamente cuestionadas y desconocidas por la comunidad internacional, aunque la acusación se centra en delitos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, no en un cargo penal específico por fraude electoral.
Entre los delitos imputados destacan la conspiración de narcoterrorismo, la conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, la fabricación y distribución internacional de drogas, y el uso y posesión de ametralladoras y explosivos en el marco de estas operaciones.
La fiscalía estadounidense sostiene que el caso documenta una fusión directa entre el poder del Estado y el crimen organizado, considerada una de las acusaciones más graves presentadas contra un gobernante en funciones.
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