Joe Biden lanzó una propuesta de reforma al Poder Judicial para evitar que ningún presidente de Estados Unidos pueda ejecutar actos criminales con total impunidad y para que existan controles para los integrantes de la Corte Suprema.
A través de una columna de opinión en el Washington Post, el mandatario señaló que la resolución del máximo tribunal, que decretó el pasado 1 de julio que el titular del Poder Ejecutivo tiene inmunidad completa por cualquier delito que cometa en el cargo, en relación al papel de Donald Trump en el intento de golpe de estado del 6 de enero de 2021.
Biden asegura que la Corte Suprema se encuentra en medio de una crisis de ética que abarca dicho fallo, la eliminación de diversos precedentes legales -como Wade contra Roe- y situaciones que ponen en duda la independencia y la imparcialidad de los jueces.
Esto tras la publicación de reportajes que involucran al menos a dos ministros del máximo tribunal estadounidense -los conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito- aceptando viajes y estancias en hoteles de lujo por parte de implicados directos en procesos que juzgaron; así como no recusarse de analizar casos en los que sus respectivas esposas representaban un conflicto de interés.
Biden propone reforma al Poder Judicial
La propuesta publicada por Biden este lunes consiste en tres puntos. El primero de ellos es una enmienda constitucional llamada ‘Nadie por encima de la Ley’, que garantice que el presidente no cuente con ningún tipo de inmunidad, recordando que los Padres Fundadores creían en limitar el poder absoluto.
En segundo lugar, sugiere modificar tanto el sistema de nominaciones como la duración en el cargo, proponiendo que cada presidente tenga derecho a impulsar a un juez cada dos años para que no pueda modificar radicalmente la composición de la Suprema Corte y que el cargo tenga un límite de dieciocho años, pues actualmente es vitalicio.
Finalmente, Biden exige un código de conducta vinculante para los miembros del tribunal más alto, pues la guía ética actual es ‘débil’ y se aplica a discreción. De esta forma, busca obligar a los ministros a informar públicamente sobre los regalos que reciben, evitar que participen en actividades políticas y que se recusen en casos en los que ellos o sus cónyuges enfrenten un conflicto de interés.
Con información de The Washington Post.
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