Territorium Life fue contratada por la UNAM para aplicar y vigilar su examen de ingreso en línea mediante reconocimiento facial, inteligencia artificial y supervisión humana. El proceso terminó con resultados atípicos, miles de aspirantes obligados a repetir la evaluación y una investigación que también alcanzó a la empresa. Antes del escándalo, la compañía ya había obtenido contratos millonarios con universidades, organismos electorales y dependencias públicas.
La empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. fue presentada ante la Universidad Nacional Autónoma de México como una compañía con capacidad excepcional para operar evaluaciones digitales a gran escala.
Su plataforma prometía controlar la identidad de los aspirantes, bloquear aplicaciones, registrar las pantallas, detectar teléfonos celulares, reconocer la presencia de terceras personas y generar alertas mediante inteligencia artificial.
Sin embargo, el primer examen completamente en línea para ingresar a las licenciaturas de la UNAM terminó convertido en una de las mayores crisis recientes de la universidad.
Después de la publicación de los resultados, fue detectado un crecimiento extraordinario de puntuaciones altas. Aproximadamente 16% de los aspirantes habría obtenido más de 100 aciertos, frente a cerca de 3% registrado en procesos anteriores. La anomalía obligó a la universidad a suspender inscripciones, formar una comisión investigadora y convocar a cerca de 58 mil jóvenes a un examen presencial de control.
En el centro del caso aparece Territorium Life, empresa que recibió un contrato con un valor mínimo superior a 40.7 millones de pesos y un máximo de aproximadamente 101.7 millones.
La UNAM pagó por una plataforma que prometía “seguridad de clase mundial”
La adjudicación fue justificada bajo el argumento de que Territorium Life contaba con experiencia comprobada para administrar más de 100 mil evaluaciones diarias y aplicar decenas de miles de exámenes simultáneos.
La plataforma debía proporcionar controles tecnológicos, infraestructura, soporte técnico y vigilancia remota. Es decir, la empresa no fue contratada únicamente para alojar las preguntas. Su tarea central consistía en proteger la integridad del examen y documentar cualquier conducta irregular.
Hasta este momento, no se ha determinado públicamente si el problema se originó en el software de vigilancia, la configuración de la plataforma, el banco de preguntas, la filtración de reactivos y la posible repetición de los mismos. Lo único que se ha prometido, es un examen de control para verificar el ingreso o rechazo de los aspirantes.
Mientras tanto, la empresa
ha rechazado públicamente que el problema pueda reducirse a una falla general de su tecnología.
La compañía ha sostenido que cumplió con las condiciones operativas y que cuenta con registros, bitácoras y evidencia técnica para demostrar el funcionamiento de la plataforma. También manifestó disposición para colaborar con la comisión de la UNAM y participar en la revisión de los eventos registrados durante el examen.
Una de las explicaciones difundidas alrededor de su postura apunta hacia la posible repetición, previsibilidad o conocimiento previo de los reactivos. Esa versión no ha sido comprobada por una auditoría independiente.
Territorium Life y las polémicas que lo persiguen
Territorium Life fue constituida en Nuevo León en 2012, aunque sus fundadores ubican los antecedentes del proyecto desde años anteriores.
Los principales nombres vinculados con su creación son:
Carlos Guillermo Elizondo Ancer, identificado como cofundador y director general de la empresa. Gerardo de Jesús Sáenz González, señalado como cofundador y responsable del área tecnológica. En documentos y publicaciones corporativas también aparece Indumaq, S.A. de C.V. como accionista minoritaria.
La empresa opera como una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por lo que no está obligada a transparentar públicamente sus estados financieros con el mismo nivel de detalle que una compañía que cotiza en bolsa.
Antes de la crisis de la UNAM, Territorium Life ya era proveedora de universidades y dependencias públicas. Investigaciones periodísticas han identificado contratos que, considerados junto con el techo máximo del convenio de la UNAM, superan los 200 millones de pesos.
La empresa ha prestado servicios relacionados con exámenes en línea, plataformas educativas, capacitación, certificaciones, licencias y supervisión remota.
En 2024, el entonces Consejo de la Judicatura Federal habría otorgado tres contratos por aproximadamente 50.5 millones de pesos. Los servicios estuvieron relacionados con la aplicación y supervisión remota de exámenes para concursos de oposición de la carrera judicial.
La BUAP entregó contratos durante 2024 y 2025 por un monto acumulado cercano a 31.6 millones de pesos. Los servicios incluyeron evaluaciones de ingreso, soporte técnico, supervisión y procesamiento electrónico de resultados.
La Universidad Autónoma de Nuevo León suscribió al menos 13 instrumentos relacionados con exámenes de ingreso y licencias tecnológicas. El monto identificado ronda los 12.7 millones de pesos.
En 2021, el Colegio de Bachilleres de Nuevo León destinó más de 3.3 millones de pesos a servicios relacionados con la instalación, actualización y mantenimiento de una plataforma educativa.
En 2018, la Universidad Digital del Estado de México otorgó un contrato cercano a 8.6 millones de pesos para una plataforma tecnológica educativa. Posteriormente surgieron versiones sobre un litigio relacionado con funciones presuntamente no entregadas.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México pagó aproximadamente 2.5 millones de pesos por una plataforma para aplicar exámenes a supervisores y capacitadores electorales.
La Universidad Autónoma de Baja California contrató servicios por alrededor de 2.07 millones de pesos para aplicar aproximadamente 20 mil evaluaciones en línea.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó un contrato cercano a 1.89 millones de pesos para capacitar a servidores públicos.
En 2024, el INE pagó aproximadamente 914 mil pesos por una plataforma tecnológica vinculada con su centro virtual de capacitación. Un portal institucional del INE alojado en infraestructura identificada con Territorium continúa accesible públicamente
Adjudicaciones directas, una constante en los contratos
Una parte importante de los convenios universitarios identificados fue entregada mediante adjudicación directa. Este procedimiento no es ilegal por sí mismo. La legislación permite utilizarlo cuando existe un proveedor único, especialización técnica, derechos exclusivos, una emergencia o determinados límites presupuestales. El problema surge cuando varias instituciones justifican la contratación bajo el argumento de que una empresa es la única capaz de prestar el servicio, sin que exista una competencia abierta que permita comparar tecnología, precio, seguridad y desempeño.
Caso Saberes MX: Certificados con validez oficial operados por Territorium
El nombre de Territorium Life también ha sido relacionado con Saberes MX, una plataforma gubernamental de cursos, capacitación y certificaciones. En este caso, hicimos el ejercicio de acceder a la plataforma para certificarse en alguno de sus cursos. Tomamos tres: Vacunación pediátrica, vacunación para adultos mayores y bioética.
Un curso que tendrías que realizar en 10 o 16 horas para obtener el certificado, lo puedes realizar en media hora o menos ya que la plataforma no bloquea la posibilidad de que abras otras pestañas, copies y pegues las preguntas del exámen y con ayuda de la Inteligencia Artificial logres certificarte en menos de media hora.
No existe, hasta el momento, una auditoría técnica pública e independiente que permita afirmar que todas esas vulnerabilidades fueron responsabilidad directa de Territorium Life, ni tampoco ha sido transparentado completamente el contrato, subcontrato o instrumento jurídico mediante el cual la compañía habría participado en Saberes MX.
Los antecedentes en Colombia
En 2019, bajo el nombre corporativo de Consorcio Eduvirtual 2019, Territorium Life ganó la licitación para reemplazar a la plataforma Blackboard, la cual había operado la educación virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, durante 19 años. El contrato inicial se firmó por 30,000 millones de pesos colombianos.
Sin embargo, la implementación comenzó a registrar problemas desde sus primeras etapas.
Una investigación publicada por el diario El Tiempo documentó que, para abril de 2020, el nivel de cumplimiento del contrato alcanzaba apenas 74%, pese a que había transcurrido casi un año desde su puesta en marcha. El reporte señalaba que la migración tecnológica seguía inconclusa y que persistían retrasos en la entrega de diversos componentes del proyecto.
Las dificultades también fueron denunciadas por el Sindicato de Empleados Públicos del SENA (SINDESENA), cuyos representantes aseguraron que el traslado de entre 700 y 800 cursos virtuales se convirtió en un proceso caótico debido a problemas de compatibilidad entre la nueva plataforma y la infraestructura tecnológica existente.
Las críticas aumentaron en julio de 2021, cuando SINDESENA publicó un comunicado titulado “Territorium, una estafa como herramienta de apoyo a la formación”, en el que calificó la implementación como un retroceso para la educación virtual colombiana. Esa afirmación corresponde a la postura del sindicato y no constituye una resolución oficial de las autoridades.
Las fallas operativas también llamaron la atención de los organismos de control. En febrero de 2021, la Contraloría General de la República de Colombia realizó una visita de inspección al SENA para revisar las constantes quejas relacionadas con el funcionamiento de la plataforma. Paralelamente, las autoridades citaron al contratista a una audiencia por presunto incumplimiento contractual, en la que se analizó la posibilidad de imponer una sanción equivalente al 10% del valor del contrato, debido a los retrasos registrados durante la implementación.
La controversia no se limitó al desempeño técnico del sistema.
De acuerdo con documentos y pronunciamientos de SINDESENA y de empresas participantes en el proceso, también surgieron denuncias sobre un posible direccionamiento de la licitación. Los inconformes sostuvieron que algunos requisitos técnicos incluidos en los pliegos de condiciones eran tan específicos que únicamente favorecían a la plataforma ofrecida por Territorium Life. Hasta el momento, no existe una resolución judicial firme que confirme esas acusaciones.
Otro de los aspectos que generó cuestionamientos fue el incremento del presupuesto destinado al proyecto. Según documentación difundida por SINDESENA, el valor inicialmente contratado, de 30 mil millones de pesos colombianos, terminó aumentando hasta superar los 92 mil millones de pesos, es decir, un incremento superior al 200% durante la ejecución del contrato.
Tras varios años de controversias, el contrato entre el SENA y Territorium Life concluyó el 31 de marzo de 2024. Posteriormente, la institución inició la migración de su oferta educativa virtual hacia una nueva plataforma desarrollada internamente, denominada ZAJUNA.
