La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a una reforma federal para evitar que las fiscalías y las procuradurías de defensa de menores de edad lleven a cabo la adopción ilegal de estos, tal como ocurre en Yucatán.
Este lunes, nuestra directora editorial Meme Yamel llevó a la conferencia de prensa matutina de la mandataria el caso de Francisco Notni, un hombre a quien la policía de Kanasín detuvo a través de la fabricación de un delito, le arrebataron la custodia de su hija de dos años y permanece en prisión pese a acreditar las torturas que sufrió.
Tras indicar que ya entregó el reporte a Atención Ciudadana, la periodista originaria de Puebla preguntó si tomará acciones para evitar que procuradurías como la PRODENNAY continúe separando familias al emprender la adopción ilegal de menores de edad tras fabricar casos contra sus tutores, tal como The México News documenta desde hace años.
Al respecto, la mandataria señaló que instruirá a la consejera jurídica Ernestina Godoy para modificar y facilitar los trámites para adopciones, recordando que durante su mandato como jefa de gobierno Lilia Rossbach -hoy embajadora de México en Argentina- promovió una iniciativa similar.
El caso Francisco Notni
Engañado por la narrativa que afirma que Yucatán es el estado más seguro del país, Francisco Notni, originario del Estado de México, decidió mudarse junto con su hija de dos años al sureste del país. Sin embargo, las circunstancias en su lugar de trabajo lo llevaron a tomar la decisión de volver a su tierra.
Sin embargo, un desfase con los tiempos de la mudanza forzó al hombre a rentar una habitación en el municipio de Kanasín, en donde tuvo un desencuentro con el propietario por el cobro y devolución de un depósito, por lo que este último llamó a la policía municipal.
Los uniformados se llevaron detenido a Francisco y lo mantuvieron incomunicado durante tres días, durante los cuales lo sometieron a brutales golpizas, además de métodos de tortura como asfixia con una bolsa impregnada de amoniaco en la cabeza, tal como consta en el reporte pericial.
La corporación también actuó irregularmente en el caso de la menor, pues en ningún momento la puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, cuando Ismene, la hija mayor de Notni, acudió para recoger a su hermana, no pudieron justificar el presunto delito por el que lo detuvieron, alegando únicamente que se trataba de un caso ‘grave’.
Cuando la joven llevó a la niña a realizar una valoración médica, la encargada le dijo que no había ningún problema, salvo una lesión leve en la zona anal, que pudo ocurrir a causa de estriñimiento. No fue sino después de esto que la Policía Municipal de Kanasín acusó a Francisco de abusar sexualmente de su hija.
PRODENNAY engaña a familia para arrebatar custodia de menor… otra vez
Sin embargo, las irregularidades no terminaron ahí, pues la médico legista que firmó el examen que sirvió de justificación para el arresto no fue quien realizó la valoración que concluyó que no existió agresión contra la menor; sin embargo, sí fue la misma que firmó un dictamen que minimizó las lesiones de Francisco.
Posteriormente, la Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY) indicó a Ismene que debía llevar a su hermana para una valoración y firmar un documento para transferirle la custodia; sin embargo, el escrito que le dieron en realidad era una denuncia por abuso sexual contra su padre.
A partir de ese momento, le indicaron que tenía que seguir una serie de pasos para certificar su aptitud para la custodia de la menor, los cuales cumplió poco a poco entre diciembre de 2023 y abril de 2024, e incluso los profesionales encargados de las evaluaciones le dijeron que no entendían por qué aún no le entregaban a su hermana.
Sin embargo, el proceso se truncó en ese momento, cuando, durante el juicio en contra de su padre declaró que múltiples visitas detectó señales de abuso físico contra la pequeña, incluyendo golpes en el rostro. A partir de ese momento, PRODENNAY la declaró ‘no apta’ y suspendió todo contacto.
La abogada Dariana Quintal considera que, en realidad, la dependencia nunca tuvo intención de devolver a la menor, sino que engañaron a Ismene para dejar pasar los seis meses de investigaciones complementarias y determinar que la niña califica para una adopción, la cual también sería ilegal, ya que existen otros círculos familiares que decidieron ignorar.
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