Luego de que un tribunal administrativo ordenó revisar su inhabilitación del servicio público por diez años, Rosario Robles celebró la decisión y aseguró que es una muestra de la presunta persecución de la que ha sido víctima por parte del Estado mexicano.
A través de una grabación compartida en redes sociales, la extitular de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Territorial (Sedatu) afirmó en primera instancia que el Trigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó revocar la sanción máxima impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Sin embargo, más adelante señala que este fallo obliga a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a volver a discutir el tema de su sanción con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Dicha instancia ratificó la sentencia emitida por la SFP en septiembre de 2021.
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Según Robles, la dependencia federal la acusó de no haber declarado una cuenta bancaria que únicamente contaba con 2 mil pesos, la cual nunca fue utilizada para realizar transacción alguna y que incluso fue cancelada por la propia institución financiera ante la falta de uso.
Finalmente, afirmó que la presunta persecución de la que ha sido víctima se ha topado con el ‘muro de la justicia’ y que la determinación del tribunal es un paso adelante para conocer la verdad sobre la ‘infamia’ de la que ha sido objeto.
Rosario Robles es señalada por su participación en la Estafa Maestra. Durante sus respectivas gestiones en la administración pasada, desaparecieron 5 mil millones de pesos de los 7 mil 5 millones destinados a operaciones simuladas por universidades públicas que han sido comprobados hasta el momento.
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