El presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, contradijo lo manifestado por Ricardo Monreal este jueves y aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca aún conserva su fuero político y que hasta el momento no hay constancia de la orden de aprehensión en su contra.
Durante una entrevista con Carlos Loret de Mola en el programa radiofónico Así Las Cosas, el titular de la Cámara Alta aseguró que el mandatario panista aún conserva la protección que le otorga su cargo, luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) determinara que corresponde al Congreso local aplicar la resolución del Legislativo federal.
Tras garantizar que Cabeza de Vaca aún está protegido jurídicamente gracias a su cargo, Ramírez afirmó que el Senado no se puede prestar a lo que parece ser una situación político-electoral y que, hasta el momento, la Mesa Directiva de dicha instancia no ha recibido evidencias de la orden obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Tiene fuero el gobernador de Tamaulipas, no tiene orden de aprehensión, no podemos prestarnos a una situación política electoral”: @ramirezlalo_ #AsiLasCosasConLoret @WRADIOMexico https://t.co/dfrS4Z0BZN
— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) May 21, 2021
Esta postura contrasta con la del presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara, quien este jueves afirmó que existen elementos suficientes para ordenar la disolución de poderes en Tamaulipas, luego de que el Congreso de dicha entidad no rechazó proceder a la destitución del mandatario y el nombramiento de un gobernador interino.
Pese a ello, Monreal Ávila afirmó que antes de presentar formalmente dicha propuesta, está agotando todas las vías para alcanzar un consenso con todas las fuerzas políticas, por lo que no descartan alcanzar un acuerdo que incluya una solicitud de licencia ‘obligada’ por parte de Cabeza de Vaca.
Mientras tanto, el Congreso del estado de Tamaulipas presentó una nueva controversia constitucional ante la SCJN, a causa de la orden otorgada a la FGR por un juez federal para que continúe la investigación en contra del gobernante, a quien se le acusa del delito de defraudación fiscal.
A través de un comunicado, el órgano legislativo aseguró que las acciones de la Fiscalía, avaladas por el juzgador, afectan la esfera constitucional de dicho poder, pues entra en conflicto con la resolución de no homologar el proceso de desafuero; motivo por el cual consideran que dichas instancias atentaron contra la Constitución Política y la resolución de la Corte.
Con información de Así las Cosas y El Universal.
Imagen: Milenio