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Pese a aclaraciones por parte de Pemex, Peniley Ramírez insiste en presuntas ampliaciones para Baker Hughes

Pese a que el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ya explicó en qué consisten los incrementos en los convenios entre la paraestatal y Baker Hughes, la periodista Peniley Ramírez insiste en afirmar que se trata de ampliaciones de contrato derivadas de un presunto conflicto de interés.

En su más reciente columna para el periódico Reforma, la reportera de origen cubano afirma que, desde que José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams rentaron la casa de un alto ejecutivo de la firma estadounidense se dieron dos de las cuatro ampliaciones al convenio suscrito en marzo de 20118, multiplicando por cinco el monto inicial.

Del monto inicial de 65 millones de pesos establecido originalmente, la cifra se incrementó hasta 343 millones. Dos de estas extensiones se dieron mientras el hijo del presidente rentaba la propiedad de Keith Schilling. La segunda parte del texto habla sobre una carta que presuntos accionistas enviaron a la compañía y que fue reproducida por Jorge Castañeda.

Sin embargo, Romero aclaró el jueves pasado que las presuntas ‘ampliaciones’ de las que han hablado varios medios de comunicación se tratan en realidad de órdenes de servicios previstas en acuerdos referenciales como los celebrados con Baker Hughes, una práctica común para evitar que el contratista cotice a precios menores a los del acuerdo.

Ramírez también afirma que estas ampliaciones se dieron pese a que Pemex había puesto condicionantes a Baker Hughes debido a denuncias anteriores por corrupción. Sin embargo, el periodista Víctor Hernández desmintió esta postura, con la cual asegura que la autora de la columna busca ‘disfrazar sus mentiras’.

Las sanciones que la empresa enfrentó por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) se dieron en 2007, por presuntos sobornos pagados entre 1997 y 2000 y la investigación de la que fue objeto en 2020 fue por participar en la construcción de un gasoducto ruso pese a las sanciones económicas vigentes en aquel momento; es decir, ninguna tiene que ver con sus actividades en México en el actual sexenio.

Con información de Reforma.

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