De nueva cuenta, la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar penalmente al expresidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y a otras dieciséis personas por su presunta participación en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Este lunes, el periódico Milenio reveló que la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero pretende acusar de delincuencia organizada a los implicados en dicha trama, así como en la de los supuestos pagos a legisladores de oposición para que apoyaran la Reforma Energética del priista.
Hasta el momento, las denuncias presentadas ante las autoridades judiciales solamente incluían los cargos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. Sin embargo, esta nueva acusación implicaría que los señalados deben enfrentar el proceso forzosamente en prisión y penas de hasta 60 años de prisión.
Desde el pasado 2 de septiembre, la Unidad de Investigación a cargo del caso contactó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada para notificarle que consideraban que los hechos que se les imputan constituirían un delito de ese calibre y, un día después, esta última instancia integró la acusación a la respectiva carpeta de investigación.
FGR acusará a Peña, Anaya y Videgaray por delito de delincuencia organizada
Este delito implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisiónhttps://t.co/3jSyyDOtpW pic.twitter.com/2SoFEWOtBb
— Milenio (@Milenio) October 18, 2021
Además de los ya mencionados, entre los señalados por esta nueva acusación se encuentran los panistas Ricardo Anaya, Jorge Luis Lavalle, Francisco García Cabeza de Vaca, Ernesto Cordero o el priista David Penchyna Grub, quien habría sido el encargado de negociar con los legisladores blanquiazules, según la declaración de Emilio Lozoya.
En su relatoría para la FGR, el exdirector de Petróleos Mexicanos afirma haber recibido un pago de 10 millones de dólares de Odebrecht para la campaña presidencial de Peña, en 2012, a cambio de asegurarse millonarios contratos de obra pública durante su administración. De estos, él se quedó con cuatro y entregó –vía paraísos fiscales- los otros seis.
Además de ayudar a sufragar gastos de campaña –algunos disfrazados como proyectos mineros inexistentes- una parte de estos habría sido utilizada para asegurarse el apoyo de senadores de oposición a las reformas estructurales que el priista propuso, especialmente las vinculadas al sector energético.
Este no es el primer intento de la Fiscalía por presentar un caso en contra de Peña Nieto y Videgaray. En 2020 ya habrían solicitado una orden de aprehensión que les fue negada por un juez; mientras que el pasado mes de agosto trascendió que un juez consideró que existen evidencias para creer que ambos encabezaban una red delictiva para repartir estos sobornos, aunque hasta el momento no se ha ejercido otra acción en su contra.
Con información de Milenio.
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