Mientras el Poder Judicial de la Ciudad de México respaldó la reforma al Poder Judicial aprobada en la Cámara de Diputados, la ministra Norma Lucía Piña Hernández atrajo de forma extraordinaria una serie de consultas para intentar frenar la nueva legislación.
Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción hasta en tres asuntos de ellos. El primero es para determinar si la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Distrito (JUFED) puede obligar a sus agremiados a permanecer en paro de labores incluso si estos se manifiestan en contra de la protesta.
El segundo tiene que ver con el amparo otorgado por la jueza federal Martha Eugenia Magaña el pasado 31 de agosto, en el que ordenó suspender el proceso legislativo de la reforma judicial pese a que la Ley de Amparo establece que no se puede aplicar dicho recurso a las modificaciones a la Constitución.
De esta forma, Piña Hernández pretende que la SCJN emita un posicionamiento oficial luego de que la Cámara de Diputados no acató la resolución de la juzgadora morelense, aprobando la reforma para elegir de forma democrática a jueces y magistrados durante la madrugada del pasado 4 de septiembre.
Finalmente, la magistrada presidenta atrajo un tercer proceso de consulta para que el máximo tribunal del país realice un posicionamiento en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y defienda la separación de poderes, tal como lo solicitó la JUFED en días pasados.
Poder Judicial de la CDMX respalda reforma
Al tiempo que la ministra Piña atrae consultas para seguir mostrando su oposición a estas modificaciones, el Poder Judicial de la Ciudad de México expresó su apoyo hacia la reforma que actualmente analizan las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República.
A través de un comunicado, el titular de dicha rama, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, destacó la apertura al diálogo por parte de la Cámara de Diputados, pues esta respetó el principio de gradualidad para la renovación de jueces y magistrados, estableciendo dos periodos -2025 y 2027- para realizar las elecciones correspondientes.
De igual forma, destacó que los legisladores incluyeran en el artículo transitorio décimo del dictamen, en el que se establece que los derechos laborales de los trabajadores judiciales -tanto a nivel federal como local- quedan garantizados.
El comunicado del Poder Judicial capitalino llega apenas un día después de que el Juzgado Familiar y Penal de la Ciudad de México se uniera al paro de labores de los juzgadores federales, desatando el rechazo de los ciudadanos con asuntos pendientes.
