En medio del descontento tras el fallecimiento de 40 migrantes en un refugio del Instituto Nacional de Migración (INAMI) a causa de un incendio, migrantes denuncian a los funcionarios por detenerlos mientras cargan sus teléfonos.
Al día siguiente de la tragedia, ciudadanos extranjeros protestaron afuera de las instalaciones migratorias, a la espera de saber los nombres y nacionalidades de las víctimas, cuando un ciudadano venezolano -identificado como Juan Rodríguez- dijo a los medios de comunicación que arrestaron a sus compatriotas ‘de mala manera’.
También señaló que los trasladaron al albergue tras la detención, denunciando las duras condiciones ahí dentro y asegurando que no es un refugio, sino una prisión, pues no existe calidad de vida al interior de las instalaciones, e incluso permanecen incomunicados durante largos periodos de tiempo.
Cuestionado sobre el siguiente paso tras las detenciones, Rodríguez apuntó que el destino de los migrantes depende del humor de los funcionarios, pues los envían a la Ciudad de México si les ‘caen bien’; en caso contrario, la transferencia es a Tapachula, para su posterior expulsión del país.
Este martes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ofreció una conferencia de prensa en la que reconoció que el personal del refugio no siguió los protocolos de seguridad, dejando encerrados a los migrantes mientras el fuego y el humo continuaban expandiéndose.
La funcionaria agregó que ya hay ocho órdenes de aprehensión en contra de los responsables, entre los que aparecen un agente migratorio, dos funcionarios federales y cinco elementos de una compañía privada de seguridad subcontratada para proveer servicios de vigilancia.
Con información de Ruido en la Red.
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