El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, confirmó la existencia de convenios con instituciones bancarias, a través de los cuales obtienen beneficios económicos fuera del presupuesto, como ya denunció nuestra directora editorial, Meme Yamel.
Este viernes, el funcionario publicó una columna en el periódico El Universal, en el que defiende la forma de trabajar de la institución ante la aprobación del ‘Plan B’ de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que limita o supreme muchas de sus funciones.
En el texto, Córdova Vianello presumió que la consolidación del padrón electoral permitió que el INE alcance convenios con diversas instituciones bancarias para la comprobación de la identidad de los usuarios a través de la comprobación de datos biométricos.
Esta declaración complementa la realizada en días pasados por el consejero Ciro Murayama, quien reveló que el órgano electoral recibe una comisión cada vez que un banco realiza una consulta para corroborar la identidad de sus clientes, los cuales utilizan para ‘mejorar’ el servicio en los módulos de atención.
Consejera Zavala también confirma convenios del INE
Tras escuchar las palabras de Murayama, nuestra directora editorial, Meme Yamel, buscó a la consejera Claudia Zavala Pérez durante un encuentro con la prensa para cuestionarla sobre estos ingresos adicionales por parte del Instituto Electoral y su destino final.
La funcionaria señaló que estos ingresos son completamente legales, pues están contemplados en la ley; además, garantizó que los datos personales de los mexicanos no corren riesgo, pues únicamente el INE tiene acceso a ellos, limitándose a confirmar o negar la identidad de los usuarios.
También confirmó que los recursos generados por estas consultas van a un fideicomiso que utilizan para financiar la actualización de los modulos de atención; aunque aseguró desconocer cuanto pagan los bancos por cada una de las solicitudes dirigidas al organismo.
Posteriormente, la periodista poblana buscó uno de los acuerdos entre el INE y una institución bancaria (Banco Actinver), destacando que en ningún párrafo informan que exista una transacción comercial como parte del trato, ni mencionan la cantidad de dinero por cada consulta.
Zavala justificó la existencia del fideicomiso, pues asegura que el INE no solicita dinero para sus módulos de atención. Sin embargo, Meme Yamel descubrió que, al menos hasta 2020, el órgano electoral seguía incluyendo una partida de gastos generales y otra para el arrendamiento de inmuebles en su presupuesto.
Con información de El Universal y Al Chile con Meme Yamel.
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