Unas horas después de que un juez estatal ordenara la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, agresor de la saxofonista María Elena Ríos, un juzgado de Oaxaca dejó sin efecto dicha resolución.
Este miércoles, en apenas 20 minutos y por vía remota, el juez José Gabriel Ramírez Montaño determinó que las pruebas sobre el ataque con ácido sufrido por la artista en septiembre de 2019 presentadas por el Ministerio Público son ‘insuficientes’ para comprobar la culpabilidad del exdiputado priista.
Por ello, ordenó inmediatamente la liberación de Vera Carrizal y de dos de sus cómplices -Rubicel Hernández y Rubén Loaiza- del penal de Tanivet; así como la anulación de todas las medidas cautelares en contra de los imputados.
La resolución desató una ola de indignación en las redes sociales, con la propia María Elena Ríos señalando que ‘ganó la corrupción’ y acusando a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJO), Berenice Ramírez Jiménez, de pactar para lograr la liberación de sus agresores.
Juzgado frena liberación de Vera Carrizal
Sin embargo, pocas horas más tarde, la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal y sus cómplices se detuvo, pues la jueza María Antonia Esteva Domínguez, adscrita -igual que Ramírez Montaño- al Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, ordenó dar marcha atrás a la determinación de su colega.
En un documento enviado al director del penal de Tanivet, la juzgadora indica que dejó sin efecto la boleta de libertad emitida en primera instancia, por lo que indicó que Vera, Hernández y Loaiza permanezcan en dicha instalación o, en caso de que lograran salir, su reingreso.
Tribunal Superior ordena investigación contra juez
Tras las acusaciones lanzadas por María Elena Ríos, el TSJO emitió un comunicado en el que afirma que la magistrada Ramírez Jiménez se opone a la decisión de liberar a Vera Carrizal, y anunció una investigación para determinar si el juez Ramírez Montaño incurrió en actos de corrupción y conductas ilícitas.
La titular del Poder Judicial de Oaxaca calificó de ‘sorpresivo’ el fallo del juzgador, dada la magnitud de las evidencias presentadas. También aseguró que respeta la independencia de los jueces, pero no se puede permitir la impunidad ni actuaciones que pongan en duda su actuación.
La magistrada afirmó que la rama a su cargo actuó con respeto al debido proceso y con perspectiva de género pese a los señalamientos de la víctima; para después afirmar que se debe aplicar ‘todo el rigor de la Ley’ a quienes atentan contra la integridad de las mujeres.
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