Este lunes se dio a conocer que una jueza federal determinó admitir un recurso de amparo presentado por la defensa de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), acusada por su presunta implicación en el esquema de desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra.
En esta ocasión, la titular de Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo de la Ciudad de México, María Dolores Núñez Solorio, resolvió admitir la petición por parte del equipo legal de la exfuncionaria, después de tres intentos en los que la respuesta había sido negativa.
El recurso se interpuso hace más de tres meses; sin embargo, la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la cual obligó a que se detuvieran las actividades en todos los juzgados del país. Además, la jueza Núñez determinó que no se trataba de un caso urgente, por lo que esperó a que se reestablecieran las operaciones normales para llegar a una determinación.
Una juez otorgó un amparo promovido por la defensa de @Rosario_Robles_ para obtener prisión domiciliaria https://t.co/DJqpIyf1Bk
— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 9, 2020
Ahora que el amparo fue aceptado, corresponde a la magistrada decidir si admite de manera directa el amparo y modifica la prisión preventiva que se dictaminó en contra de la exfuncionaria o si solicita al juez de control que reponga la audiencia para que se revise la medida cautelar emprendida en contra de Robles.
La defensa argumenta que a su clienta se le acusa del delito de omisión en el ejercicio público, delito que no amerita prisión preventiva. Además, aseguran que el estatus actual jurídico de la exsecretaria fue determinado por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna sin que el Ministerio Público lo solicitara así.
Rosario Robles es acusada de haber participado en el esquema de la Estafa Maestra, en el cual se utilizó a universidades públicas para desviar más 7 mil 600 millones de pesos a través de la subcontratación de servicios mediante empresas fantasma. Las dos dependencias que dirigió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (Sedesol y Sedatu) fueron las mayores implicadas.
Con información de La Jornada.
Imagen: ONEA México
